Cárceles: sin reinserción ni salud, la sobrepoblación llega al 170%

66% de detenidos no tienen sentencia. Las últimas semanas hubo brotes de covid en penales. La Defensoría afirma que hay avances en educación e infraestructura.
domingo, 5 de diciembre de 2021 · 05:00

Leny Chuquimia / La Paz

Sin acceso a la salud, sin infraestructura y sin rehabilitación ni reinserción real, Bolivia presenta una sobrepoblación carcelaria de 170%. El 66% de los privados de libertad  se encuentran con detención preventiva. En Santa Cruz el hacinamiento subió a 327%, muy por encima de otros departamentos.

“Lo que pasa es que hay una improvisación del sistema penitenciario. No existe ningún tipo de formación específica para los equipos multidisciplinarios (psicólogos, trabajadores sociales, etc.) ni de los mismos policías que brindan la seguridad. Otro obstáculo es lo que varios autores llaman ‘populismo punitivo’; la población en general, autoridades y legisladores piden mayores sentencias. Hay una seria incomprensión de lo que son las medidas sustitutivas y cuándo deben ser usadas”, explicó la antropóloga y escritora Alison Spedding, autora del libro recientemente publicado Las cárceles ¿una bomba de tiempo?

El estudio es el resultado de una consultoría realizada en 2016 para el Ministerio de Gobierno. Para la investigadora, desde entonces, cuando se hicieron recomendaciones para mejorar la  reinserción, la situación de los centros penitenciarios no ha cambiado.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo evidenció en las cárceles del país falencias en la seguridad penitenciaria, la necesidad de atención integral en salud, la mala calidad en la alimentación, la deficiente atención psicológica y psiquiátrica. Además de debilidades en la implementación de programas de educación, trabajo, deporte y cultura, que se suma al quebrantamiento de los vínculos familiares que genera debilidades en procesos readaptación y reinserción social.

Hacinamiento persistente

De acuerdo a datos proporcionados por la Defensoría del Pueblo, con base en el informe Volcar la Mirada a las Cárceles, Situación de vulnerabilidad de las Personas Privadas de Libertad en las ciudades capitales de Bolivia, en 2018 se contaba con una población carcelaria de 18.895 privados de libertad (1.551 mujeres y 17.344 varones), lo que significaba un 225% de sobrepoblación. De ese total el 69,92% eran detenidos preventivos.

A agosto de 2021 se registra un total de 18.245 personas privadas de libertad (819 mujeres y 11.225 varones), de las cuales 12.044 (66,01%) son detenidos  preventivos. Desde 2018,  hay una reducción de 3,91% de ciudadanos en detención preventiva.

“Con el seguimiento hemos advertido que existe sobrepoblación carcelaria, en 2018  era del 225% a nivel nacional, registrándose en Chuquisaca una cifra superior del 624%, en Santa Cruz alcanzaba al 294%; en Oruro a 252% y La Paz a 239%. A agosto de 2021, según datos de Régimen Penitenciario, el hacinamiento carcelario alcanzó 170%, reduciéndose en un 55%. En Chuquisaca se advirtió una notoria disminución del 624% al 327%, sin embargo, en Santa Cruz se incrementó el porcentaje de sobrepoblación del 294% a 327%”, manifestó la defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

De acuerdo al documento al que hace referencia, el principal problema para el hacinamiento es el uso indiscriminado de la detención preventiva. Lo dicho se sustenta en los porcentajes, tanto de 2018 como de 2021, que evidencian que más de la mitad de los presos no recibe una sentencia durante años, fruto de la retardación de justicia.  

Lastimosamente, la baja de la sobrepoblación no se produjo por la mejora de los problemas citados. Entre las medidas más visibles está la aplicación de los decretos presidenciales de indulto y amnistía. En 2019 se beneficiaron un total de 115 privados de libertad, en 2020,  1.162, y en 2021 se beneficiaron 1.397 privados de libertad.

“Hay incomprensión de las medidas sustitutivas y cuando se usan muchas veces se las entiende como beneficiar con la plena libertad. Se insiste en la prisión preventiva para todo tipo de delito, tanto si fuera justificado como si no. Hay casos en los que no sirve, como en el de un padre irresponsable que no paga pensiones, si no lo hace fuera de la prisión tampoco lo hará dentro. Tal vez puede brindar una satisfacción personal, pero en términos sociales no es productivo, como tampoco lo son las sentencias mayores. Si la cárcel tiene un fin disuasivo, basta con seis meses para que uno se convenza que es un horrible lugar al que no se quiere volver”, comentó Spedding.

Con relación a los servicios de salud, una de las debilidades detectadas fue la carencia de un seguro gratuito y universal. Por ello se impulsó que la mayoría de los  privadas de libertad se afilien al  Seguro Único de Salud (SUS).

“Se ha advertido que las condiciones de acceso a los servicios de salud eran deficientes, aspecto que no ha cambiado e incluso ante la pandemia de Covid-19 se han agravado”, afirmó Cruz

Infraestructura, otro problema 

Después de una visita a varias cárceles, la antropóloga inglesa que radica hace décadas en el país corroboró la improvisación con la que se implementaron varios de los centros penitenciarios.

“La mayoría de las cárceles del país ni siquiera fueron construidas como tales. Una de las más nuevas es la de Patacamaya y en realidad es un alojamiento que fue incautado. Las carceletas, los sitios de aislamiento y castigo son los que más problemas tienen”, sostuvo Spedding.

La defensora indicó  respecto a los avances en la mejora de las infraestructuras que en Riberalta (Beni) se viene gestionando la habilitación de una nueva infraestructura carcelaria. “En la Carceleta Bahía de Puerto Suárez (Santa Cruz) se ha facilitado la división de los ambientes; en Oruro se ha realizado el seguimiento para la habilitación de la nueva carceleta para mujeres La Merced con una capacidad de 352 personas. En Chuquisaca se viene gestionando ante el Ministerio Gobierno la habilitación de las instalaciones en desuso de los campamentos de  Sinohydro para una nueva infraestructura carcelaria”, reportó. 

Spedding sostuvo que la improvisación no solo está en la infraestructura, sino en el personal que  administra o trabaja en los penales. Consideró que tanto policías como los otros profesionales que intervienen actúan con criterios basados en los estigmas y estereotipos que se tiene de las cárceles y de quienes son enviados a ellas. 

“Cuando se habla de personas que serán enviadas a las cárceles es por casos sensacionalistas de asesinatos, grandes robos, crímenes espectaculares o casos enormes de corrupción. Se piensa que en las cárceles solo están este tipo de personas y organizaciones criminales. Pero en realidad, la mayoría ingresa por deudas, pensiones familiares o injusticias. A diferencia de los anteriores, éstos son salen en las noticias, novelas o películas. Eso crea la opinión de que toda la población carcelaria  cometió delitos graves y  espeluznantes”, añadió.

Según la antropóloga, Bolivia es uno de los países con bajos niveles de delincuencia, donde la proporción de lo que se puede llamar  “criminales profesionalizados” es  ínfima.

No hay reinserción

“Además de los problemas ya conocidos, como la infraestructura y el hacinamiento, es por demás sabido que tampoco hay  rehabilitación social ni  reinserción. Las condiciones son lamentables”, indicó Spedding.

Dijo que no existen estadísticas reales y públicas sobre los niveles de reincidencia, pero durante su investigación pudo evidenciar que esta es más frecuente en casos de robo. Esto se debe a que este rubro es una especie de carrera delincuencial.

“Es decir, uno empieza robando fruta en el mercado o alguna golosina en un puesto. Luego procede a robar billeteras de los bolsillos y después pasa a ser monrrero. Eventualmente puede llegar al nivel máximo, en el que ya es parte de atracos organizados. Pasan de un peldaño a otro con estadías en la cárcel de por medio”, apuntó.

Manifestó que uno de los problemas es el estereotipo y estigma que hay sobre la población carcelaria, sobre que la cárcel es una especie de escuela de delincuencia. Asimismo, una vez que éstos salen en libertad les es muy difícil reintegrarse a la sociedad debido a que les es muy difícil conseguir un trabajo e incluso una vivienda.

Por medio de la Defensoría  del Pueblo se conoce que en 2018 existían 15 centros de educación alternativa (CEA), con 41 áreas técnicas. En 2021, Régimen Penitenciario y el Viceministerio de Educación Alternativa y Especial  incrementaron  siete CEA y 11 rubros.

Ahora hay  22 CEA que imparten 52 rubros técnicos de producción en las áreas de formación de sastrería, peluquería, electricidad y gastronomía, entre otras, en todos los departamentos.

Página Siete solicitó a la Dirección General de Régimen Penitenciario una entrevista con el titular del área para conocer datos al respecto de este punto. Sin embargo, no obtuvo respuesta.  

Miles sin acceso a servicios básicos

En junio pasado, la directora de Régimen Penitenciario de Cochabamba, Estrella Rocha, advirtió que El Abra, el penal de máxima seguridad, afrontaba  una escasez de agua para un millar de internos en plena pandemia. 

Un rastrillaje  en la cárcel de Sacaba, en Cochabamba.
 Foto: Régimen Penitenciario

De acuerdo a la Defensoría del Pueblo se  impulsó -a través de las direcciones departamentales de Régimen Penitenciario- las mejoras en el servicio de agua potable en  San Roque,  Qalahuma, Chonchocoro, Villa Busch, Morros Blancos  y Mocovi. En Oruro se gestionó el pago diferenciado y en Cobija la limpieza de los pozos sépticos del penal de Villa Busch.

“En la pandemia se mantuvo la vigilancia ante las autoridades competentes para la provisión de servicios básicos de manera permanente”, se explicó.

Aún hay 56 niños en el  penal de San Pedro

En 2013, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia, Denis Racicot, dijo que “la presencia de niños en las cárceles de Bolivia es un hecho único en el mundo”. La dura afirmación se formuló después de conocerse que una niña, que vivía al interior de un penal,   era violada por  los  mismos familiares con los que, por así decirlo,   cumplía una condena que no le correspondía.

Aunque lo cierto es que en varios países del mundo si hay niños dentro de las cárceles,  esta situación ocurre bajo el amparo de ordenes judiciales y sistemas de resguardo, algo que no ocurría en el país. Fue en  julio de 2014 cuando  con la  promulgación de  la Ley 548, Código Niña, Niño y Adolescente se  estableció que los niños y niñas de 0 a seis años de edad  pueden permanecer junto a sus padres dentro de las cárceles.

En 2018,   según datos de Régimen Penitenciario había   615 menores de edad  que convivían con sus padres o madres en distintas cárceles del país; 550 eran menores de seis años y 65 mayores de seis. Del total, 374 estaban dentro del penal de San Pedro. 

En este último, durante la gestión 2020 se hizo posible  la salida del penal de 141 niñas, niños y adolescentes. En la actualidad aún quedan 56 niñas y niños.

“Esto se debió a la articulación de una mesa interinstitucional denominada Por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, donde participaron instituciones como ser el Tribunal Departamental de Justicia, el Sedeges, la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario La Paz, entre otros”, manifestó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

Recalcó que se  impulsa la elaboración de protocolos de atención y de bioseguridad dirigidos para la atención de poblaciones LGBTIQ+, adultos mayores, además de las  niñas y los niños que viven en centros penitenciarios.

Lo que pasa es que en el país hay una improvisación del sistema penitenciario, en infraestructura y el personal  que trabaja ahí

Alison Spedding, investigadora

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