Alertan que despidos de guardaparques buscan extractivismo en áreas protegidas

El Sernap retiró de sus cargos a 17 de los 22 jefes de áreas protegidas, sin considerar su antigüedad y formación, y pese al rechazo de diferentes organismos nacionales e internacionales. Hay procesos.
lunes, 1 de febrero de 2021 · 05:22

María Mena M. /  Cochabamba

Intereses extractivistas, como la explotación minera y el desmonte, y  asentamientos ilegales están detrás del despido  masivo  de directores y jefes de las áreas protegidas (AP) de Bolivia ejecutado por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), alertan entidades defensoras del medio ambiente.

Desde diciembre,  18 de los 22 jefes de    parques nacionales fueron retirados  de sus cargos  por el Sernap. Fueron despedidos “ilegalmente” sin respetar su antigüedad, profesionalización, formación y carrera administrativa, denuncian instituciones medioambientales. Aseguran que estos despidos ponen a las áreas protegidas  en riesgo de avasallamiento y extractivismo.

“En esos cargos han entrado personas por cuestiones políticas, no por sus méritos o su experiencia. Vemos que esta repartija de pegas va a incidir negativamente en la gestión de las áreas protegidas, va a facilitar el avance del extractivismo”, sostuvo Sofía Balcazar, investigadora  de Probioma (Productividad Biósfera Medio Ambiente).

 Y añadió: “Esta situación sólo va a facilitar los procesos administrativos  para la explotación minera o de hidrocarburos en las áreas protegidas. Puede influir también en entidad como el   AJAM (Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera) que  en los últimos años ha presionando al Sernap para que permita las actividades mineras en zonas donde son altamente dañinas”.

El despido masivo

Después de las críticas y cuestionamientos de diferentes instituciones, el Sernap emitió un comunicado en el que desmintió  los despidos masivos.

“289 guardaparques han sido ratificados en sus cargos y  cinco de ellos presentaron su renuncia. En el caso de los jefes de área, 17 han sido ratificados en sus puestos,  cuatro de ellos son nuevos funcionarios y queda un técnico por designar”, afirmó la entidad en sus cuentas públicas. No obstante, sólo uno de los 17  exjefes de las áreas protegidas  aseguran que sólo uno fue ratificado en su cargo.

Entre los despedidos  figuran los jefes del Parque Nacional Noel Kempff Mercado, Sandro Añez; Otuquis, Alberto Bazán, del Área Natural de Manejo Integrado  (ANMI) San Matías, Jorge Landivar; Parque Nacional Amboró,  Diego Bendeck; Parque Nacional Carrasco, Roberto Portuguez; del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), Romer Miserendino; el AMNI El Palmar, Miguel Ángel Sardán; Parque Nacional Aguaragüe, Hernán Salgado; Willy Montaño del Parque Nacional Amboró.

Solo José Luis Howard fue restituido por el Sernap como jefe de protección del Parque Nacional Madidi; mientras que Alberto Terrazas, que era jefe de protección del Parque Nacional Tunari, fue transferido al Amboró en remplazo de Montaño. Ambos continúan como jefes de área después de  la presión ejercida por las instituciones medioambientalistas.

“Sólo dieron memorandos”

Después de trabajar  20 años en  áreas protegidas, Jorge Landívar cumplía funciones como director del Área Natural de Manejo Integrado San Matías, en Santa Cruz. 

 lngresó al Sernap en 1999 mediante un concurso de méritos. Contaba con ítem del Tesoro General de la Nación N° 105 desde a 2016,  cuando fue designado como “personal permanente”.

Sorpresivamente,  el 14 de diciembre de 2020 recibió un memorándum de “agradecimiento” que lo retiraba   de su cargo.

“Me dieron un memorándum de agradecimiento como si fuera funcionario de libre contratación. Yo gané una convocatoria”, sostiene ahora  Landívar, quien además es especialista en gestión ambiental y combate  incendios forestales. El exjefe inició un proceso legal contra el Sernap para ser restituido.

Su situación es similar a la del exjefe del Parque Nacional  Otuquis  Sandro Áñez, quien fue despedido aunque contaba con un ítem obtenido después de  ganar un concurso de méritos  en 2018; al igual que   Miguel Ángel Sardán, exjefe de  El Palmar. 

Tampoco respetaron otros derechos laborales. Es el caso del ahora exjefe del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure (Tipnis)  Romer Miserendino, que fue retirado de su puesto pese a la inamovilidad laboral por tener un hijo menor de edad con discapacidad.

Ambientalistas en emergencia

Después de  la “masacre blanca” en el personal de las áreas protegidas, diferentes instituciones se pronunciaron y se declararon en estado de emergencia. 

El 20 de enero, los colegios de Biólogos de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Pando y Chuquisaca entregaron al Ministerio de Medio Ambiente y Agua y al Ministerio de la Presidencia un pronunciamiento respaldado por 59 instituciones y organizaciones del país e instituciones internacionales. En el documento apuntan  irregularidades e incongruencias en las nuevas designaciones de autoridades de los parques nacionales.

La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígena Originario Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap), a través de un comunicado, exigió la restitución de los guardaparques, a la que calificó de “ilegal”. Alertó también del riesgo de su retiro.

“El cambio de personal en los cargos jerárquicos de las áreas protegidas, sin cumplir procedimientos legales de acuerdo a reglamento de áreas protegidas, tiene el propósito de colocar a personas y dirigentes afines al gobierno de turno. Esas personas “no sólo no conocen el valor de las AP, sino que tienen sus intereses en el fraccionamiento, apropiación y explotación, quitándole el valor,  pues ellos tienen una visión mercantilista de la tierra y de la naturaleza”, recalcó.

La Contiocap exigió la renuncia del director ejecutivo del Sernap, Teodoro Mamani, porque considera que no es la “persona idónea” que necesita la institución.

El combate  de incendios es parte fundamental de su trabajo.

Explotación minera por empleo

En medio del retiro de los guardaparques y las protestas que éste generó, el 23 de enero el Ministerio de Medio Ambiente, mediante el Sernap, autorizó el ingreso de la empresa minera Mincruz S.R.L. a la comunidad indígena Santo Corazón. Se trata de una región  del área protegida San Matías, en la que se dio luz verde al desmonte para la explotación de minerales.

De acuerdo con el formulario de autorización, la minera fue facultada a ingresar al lugar con maquinaria pesada y herramientas manuales con el propósito de dar cumplimiento a un plan de desmonte no agropecuario. El proceso durará seis meses y tiene como fin la explotación de manganeso.  

“El Sernap autoriza la realización de los trabajos (…) debiendo el solicitante coordinar con el director del área protegida el acceso a la zona. Asimismo, la empresa se compromete a entregar copia de los resultados del trabajo realizado al Sernap y a la dirección del área protegida”, señala el documento.   

No es la primera vez que esta empresa intenta ingresa a la reserva para la explotación de manganeso. Lo viene intentando continuamente desde hace diez años hasta que lo logró. 

Hace dos años intentó ingresar a Santo Corazón por el camino del municipio Roboré de Santa Cruz, para transportar el mineral. En ese entonces, la población de Santiago de Chiquitos se opuso debido a que temían que la maquinaria dañase el asfalto.

“Sólo nos dijeron que iban a sacar manganeso, pero nunca dijeron en qué volumen ni la cantidad de camiones. Ante esa incertidumbre, los pobladores dijeron que no. Hubo una negativa rotunda”, afirma Carlos Ragone, secretario general del municipio de Roboré.

Pese a la resistencia en el municipio  Roboré, el 23 de enero, tras una consulta a los habitantes de Santo Corazón, se concretó  la incursión de la minera Mincruz. La empresa dio a cambio  fuentes laborales con seguro y un aporte económico a la comunidad.

“Necesitamos fuentes de trabajo porque con esta pandemia no hay”, explicó el subalcalde de Santo Corazón, Agustín Salvatierra. 

La autorización fue confirmada por el cacique mayor Augusto Yovió. “Han venido a consultarnos y hemos aceptado. Hay mucha necesidad en la comunidad”, asegura.

Los jefes  de reservas naturales tiene capacitación constante.

Asentamientos ilegales

El Parque Nacional Tunari (PNT) es una de las áreas más vulnerables debido a la invasión de su superficie para construcciones y asentamientos ilegales por encima de la cota 2.750 y las franjas de seguridad. Se estima que más del 10% de su  área ya fue “loteada”. 

Existe el riesgo de que estas construcciones y asentamientos se incrementen o que sean legalizadas tras el despido del  jefe de protección del Tunari. Alberto Terrazas fue cesado de sus funciones el 11 de enero y posteriormente transferido al Amboró.

“Me enteré que la primera semana de enero, los denominados organización de la cCoordinadora de las juntas vecinales de Sacaba habrían viajado a La Paz  para presentar una  denuncia  de manera verbal contra mi persona. Indicaron que yo no les dejo construir las viviendas dentro el AP”, explicó Terrazas.

Página Siete intentó comunicarse sin éxito con el ejecutivo del Sernap, Teodoro Mamani. También solicitó una entrevista al área de comunicación del Ministerio de Medio Ambiente pero no obtuvo respuesta. 

Áreas protegidas
 

Hay 22 en Bolivia: Manuripi, Madidi, Apolobamba, Pilón Lajas, Noel Kempff, Cotapata, Isiboro Sécure, Tunari, Carrasco, Amboró, San Matías,Sajama, Toro Toro e Iñao, entre otras.

3 fases Tuvo el despido masivo. La primera se inició el 2 de diciembre en el Parque  Noel Kempff y el Tipnis. La segunda fase en I San Matías y la tercera a finales de diciembre con el resto de las destituciones.

21/01Se realizó una reunión en La Paz del Comité de Defensa de las Áreas Protegidas, Abolac,  guardaparque y ejecutivos del Sernap. Rechazaron las propuestas del Sernap, entre ellas la rotación de guardaparques.

10 años se resistió  Roboré a que  Mincruz ingrese con  equipos por Santiago de Chiquitos y por el AP Tubaca. En 2009  Kileno y en 2012 apareció otra minera. Todas fueron rechazadas.

900 indígenas en 200 familias habitan en la comunidad Santo Corazón en San Matías. Debido a su aislamiento y necesidades, los indígenas permitieron el ingreso de la minera ImCruz

Sernap Realizó tres publicaciones  sobre los despidos. El 15 de enero dijo el nuevo personal fue elegido por “consenso”. El  19 y el 27 de enero desmitió el despido de los  guardaparques.

DDHH La Federación Internacional de Guardaparques  pide la intervención de las Naciones Unidas, de la UICN y Derechos Humanos en los despidos.

 

Willy Montaño, exjefe del parque   Amboró
“Tengo inamovilidad y me echaron” 

“Mi designación es inamovible, además, estoy esperando familia. Mi esposa está embarazada. Soy un servidor público y le dediqué toda mi vida a las áreas protegidas. Me sorprendió mucho el memorándum de despido”, expresa Willy Montaño, exjefe de protección del parque nacional  Amboró.

Los guardaparques  cumplen diversas tareas.
Foto:Sernap

La orden médica de la Caja Nacional de Salud, en fecha 25 de enero, detalla que Zulma Ch., esposa de Montaño, tiene un embarazo de nueve semanas. El Decreto Supremo 0012 de 2009 reconoce la inamovilidad laboral para las madres y amplía el mismo a los progenitores desde la gestación hasta que el hijo cumpla un año de edad.

Montaño asegura que tiene inamovilidad laboral no solo porque espera familia, sino también porque tiene ítem, antigüedad y amplio conocimiento en el área ambiental. “No valoraron nada. No tomaron en cuenta mi caso los de la Asociación Boliviana de Guardaparques, Agentes de Conservación (Abolac),  yo soy parte de ellos (…). He tomado cartas en el asunto, estoy con abogado”, advierte. 

El exjefe  tiene amplia experiencia en el manejo de parques, reservas y áreas protegidas. Incluso, su padre Hermógenes trabajó 19 años en el Amboró. Pese a su experiencia, antigüedad y embarazo de su esposa, el Sernap emitió el memorando de  despido el 21 de enero. Contradictoriamente, ese mismo día, en la sede de Gobierno   se realizaba una reunión con la Abolac y otras instituciones, en la que el Sernap se comprometía a respetar “la institucionalidad de los servidores públicos” de las AP.

Para Montaño, tras su destitución existe el riesgo de que en la zona norte del  Amboró haya incursiones ilegales para la explotación  de madera con miras a  su comercialización en mercados externos.

Según el Probioma, en los últimos años todas las áreas protegidas  del país han sido afectadas por actividades extractivistas como la minería, hidrocarburos, madera y la expansión de la frontera agropecuaria. Las más afectadas son el Madidi y Apolobamba, el Pantanal, Otuquis y otros. El cambio de los guardaparques amenaza a las reservas,  exponiéndolas a la explotación legal e ilegal de sus recursos.

 

 

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