Covid: el Gobierno registró 39 contratos, 30 de ellos para campaña de prevención

El monto total de los contratos publicados es de Bs 58.547.894. Las sumas más altas corresponden a compras de pruebas y a la difusión de mensajes de a prevención. Gobernaciones y alcaldías hicieron 1.105 adquisiciones.
lunes, 1 de febrero de 2021 · 05:24

Leny Chuquimia / La Paz 

En 80 días de gestión, el nuevo Gobierno registró en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes)  39 contratos referidos a la  Covid-19. De ellos, 30 están dirigidos a  campañas de información. El resto se divide en pruebas e insumos de bioseguridad. El monto invertido en estas adquisiciones de bienes y servicios alcanza los 58.547.894 bolivianos. 

En el caso de los gobiernos municipales y departamentales fueron registradas 1.105 compras para la emergencia. Los objetos de los  procesos van desde equipos médicos hasta la incorporación  de personal de salud.

     El 31 de diciembre de 2020, el Gobierno aprobó  el Decreto Supremo 4432 que autoriza  a las entidades competentes la contratación directa  de vacunas, pruebas diagnósticas, medicamentos, dispositivos médicos, insumos, reactivos, equipamiento y otros bienes, obras y servicios para la contención, diagnóstico y atención de la emergencia sanitaria. 

La norma incluye al Ministerio de Salud, a las entidades territoriales autónomas, a  la seguridad social de corto plazo, a la Central de Abastecimiento y Suministros de Salud (Ceass) y a la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem). 

Se determinó que cada una de estas entidades fijara un procedimiento interno. Pero  que una vez concretadas, las contrataciones directas  sean remitidas a la Contraloría General y publicadas en el Sicoes, a excepción de los procesos referidos a vacunas, sobre los que rige una cláusula de confidencialidad. Por ello muchas de las contrataciones aún no son públicas.

Actualmente, la Asamblea Legislativa Plurinacional trata el  proyecto de Ley de Emergencia Sanitaria. La norma en sus artículos 27 y 30 ratifica las compras directas y amplia la cláusula de confidencialidad -que el DS establece  sólo para las vacunas- a las adjudicaciones de medicamentos, insumos, reactivos, equipos y otros, cuando la proveedora o el ente contrante lo acuerden.  

 Diagnóstico y bioseguridad

 De los 39 contratos registrados, solo nueve consignan la compra pruebas de diagnóstico, insumos de bioseguridad, medicamentos, oxígeno  y equipamiento. La entidades contratantes son el Ministerio de Salud,  Aisem y  Ceass.

    “En un esfuerzo efectivo se logró adquirir 2,2 millones de pruebas, 1,6 millones correspondientes a pruebas antígeno nasal y 552.027 reactivos del PCR que nos permiten la identificación temprana de los nuevos casos. Las pruebas están siendo entregadas a los gobiernos subnacionales”, indicó el presidente Luis Arce.

En el Sicoes hay tres contratos relacionados a las pruebas, todos hechos por Salud. El primero data del 2 de diciembre de 2020, y es para la compra de 768 pruebas Elisa destinadas al Programa de Salud Renal. Esa inversión total  fue de 48.000 bolivianos.

 El segundo contrato es la adquisición de 1.204.12 pruebas rápidas de antígeno nasal, que hoy son usadas en los diferentes centros de detección masiva. El costo  fue de 41.903.550 bolivianos.

El tercer contrato se trata del transporte de estas pruebas. El servicio fue adjudicado  a BOA por  3.573.674 de bolivianos.

Asimismo, se hizo tres contratos de para adquirir equipos de bioseguridad, entre gafas y barbijos. El monto de estos tres contratos -hechos por Salud, Aisem y Ceass- fue de 323.703 bolivianos.

   El 11 de noviembre de 2020, el Ceaas publicó el proceso de adquisición  de medicamentos  reactivos para la atención del coronavirus. El monto fue de 7.750.000 bolivianos.

 Los últimos dos contratos corresponden a la Aisem, que adquirió un laboratorio de diagnóstico y oxígeno para el Hospital del Sur de El Alto. La inversión fue de 1.513.400  bolivianos.

30 contratos  para información

En el registro público del Sicoes, después del 8 de noviembre se publicaron 39 contratos referidos a la atención la pandemia. El monto total  es de 58.547.894 bolivianos.   

De estos procesos, 24  fueron realizados por el Ministerio de la Presidencia. Todos se referían a la contratación de “servicios  de difusión de prevención” en diferentes medios de comunicación, radio, televisión y prensa. 

       Otros siete contratos fueron hechos por el Ministerio de Salud, tres de ellos,   también están dirigidos difusión de información. A estos  se suman otros tres registrados bajo el título de “derecho a la información” a nombre del Ministerio de Comunicación, pese a que esta instancia ya no existe porque fue convertida en viceministerio y fusionada a Presidencia.

     En total, hay 30 contratos para la producción y difusión  de boletines, spots, cuñas  realizadas en tres idiomas. La inversión en todos ellos fue de a 3.435.566 bolivianos.   

El énfasis en las campañas informativas sobre la pandemia  coincide con la línea de acción definida por el vicepresidente David Choquehuanca en su discurso del 22 de enero. “La naturaleza mutante del virus exige de una estrategia comunicacional para  desmontar el miedo individual y colectivo en su nivel consciente e inconsciente”, dijo entonces.
 

La  confidencialidad 

  • Norma El 29 de diciembre, mediante el Decreto Supremo   4432 el Gobierno   autorizó -hasta el 31 de diciembre de 2021- la contratación directa de vacunas, insumos y servicios para la contención, diagnóstico y atención de la Covid-19. Se advierte que estas contrataciones  serán de exclusiva responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad contratante.
  • Susceptibilidad El artículo 4 del documento causó susceptibilidad, ya que establece: “Los contratos suscritos por la Central de Abastecimiento y Suministros de Salud (Ceass) para la adquisición de vacunas para la Covid-19 podrán a requerimiento del proveedor tener carácter confidencial por un periodo de tres años computables a partir de su suscripción”.
  • Fiscalización Se explica que “sin perjuicio” , una vez realizadas las contrataciones se deberá presentar en forma física la copia del contrato y toda la documentación del proceso a la Contraloría General del Estado.  La compra será registrada en el Sicoes sólo cuando haya finalizado el periodo de confidencialidad del contrato.
  •    Excepción Determina que “de manera excepcional”, para la contratación de vacunas y pruebas diagnósticas, los registros sanitarios emitidos por “al menos una autoridad regulatoria de alta vigilancia de otro país” se constituirán en el Registro Sanitario por “homologación en el Estado Plurinacional de Bolivia”.
  • Transparencia Ante los cuestionamientos surgidos, el vocero presidencial Jorge Ritcher afirmó que el Gobierno no tiene nada que esconder y que la confidencialidad fue una  condición del centro Gamalaya para la distribución de la vacuna rusa  Sputnik V y de otros laboratorios. Aseveró que se está gestionando con el laboratorio la posibilidad de liberar la información.

El primer  lote de vacunasSputnik V llegó el pasado jueves.  
Foto:Ministerio de Salud

Gobernaciones y alcaldías registraron 1.105 adquisiciones 

En  los últimos 80 días, las gobernaciones y las alcaldías registraron 1.105 compras en el Sicoes. De ellas 983 corresponden  a los gobiernos municipales y 122 a los departamentales.  

Todos los procesos están relacionados  a la atención de la emergencia sanitaria. Adquirieron insumos de bioseguridad, equipos médicos y medicamentos, además de realizar la contratación de personal.

        Cuatro municipios lanzaron con anticipación sus procesos de compra  de equipos de refrigeración para las vacunas contra la Covid-19. Estos son     Taraco, Sacaba, Arque y Carangas.

El viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Zenón Mamani, en el comité de emergencia, señaló  que existen  recursos económicos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que ascienden a unos   274 millones de bolivianos. Explicó este dinero se encuentra en las cuentas de las gobernaciones y alcaldías en diversas proporciones. 

Afirmó que hasta la primera semana de enero había   88,2 millones de bolivianos del Sistema Único de Salud (SUS) que no fueron ejecutados por los gobiernos departamentales.

La autoridad recordó que el Presupuesto General del Estado (PGE) 2021 fue aprobado el pasado 28 de diciembre. Por tanto,   a partir de esa fecha los gobiernos locales ya podían iniciar los procesos de contratación de personal médico o de compra de los insumos necesarios.

“La Ley Financial 2021 que se encuentra vigente a la fecha señala que ellos pueden iniciar los procesos de contratación por un año. Es decir la ley ya les autorizaba a las gobernaciones y municipios para hacer los procesos de contratación”, explicó.

Además, estos niveles del estado también están contemplados dentro del decreto supremo que los autoriza a realizar compras directas hasta el 31 de diciembre de 2021, y a adquirir por su cuenta pruebas y vacunas contra la Covid-19.

Se explicó que estos contratos inscritos no son la totalidad de las adquisiciones hechas, ya que por la flexibilización de los procesos y la emergencia  sanitaria muchos aún no fueron publicados en el Sicoes.

 

      Subastas virtuales para transparentar las compras estatales

El 14 de enero pasado se firmó el Decreto Supremo  4453 de Subasta Electrónica y Mercado Virtual. Según el documento este es  un mecanismo para incrementar la  transparencia y evitar la corrupción en compras públicas del Estado.  

“A través de este medio, los proveedores propondrán costos y competirán con otros para que el Estado elija la mejor oferta y de esa manera se descarte la idea de que existe un desvío de fondos”, declaró el presidente Luis Arce en la firma del decreto.

El artículo 2 de la norma  establece en las contrataciones estatales la subasta electrónica como un procedimiento que -mediante el uso de medios electrónicos- efectiviza las interacciones  de los proponentes en tiempo real, a través de la presentación de ofertas económicas cada vez más bajas, cuyo resultado será automático. 

“Se aplicará en las modalidades con convocatoria pública y otras que incluyan procedimientos competitivos, de conformidad al Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios Electrónicos”. Esta regulación aún  es elaborada.

El artículo 3 establece el Mercado Virtual Estatal. Este será  una plataforma informática que permita promover, difundir y publicitar los bienes y servicios ofertados por los potenciales proveedores inscritos en el Registro Único de Proveedores del Estado - RUPE.

Según el decreto,  las contrataciones por subasta electrónica y Mercado Virtual Estatal serán implementadas de manera progresiva, conforme a reglamentación emitida por el Órgano Rector del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, afirmó que  estas herramientas  modernizarán los procesos de adquisición de bienes    que hasta  el momento son de forma manual. Resaltó  que el Mercado Virtual  impulsará  la producción nacional porque los productores,  las pequeñas y las  microempresas podrán   publicitarse -gratuitamente- dentro y fuera de Bolivia.

“Mejora la custodia  de las propuestas en las convocatorias, incrementa la transparencia y el control en los procesos, y  generando mayor confianza”, dijo.

 Ranking transparencia

En su informe sobre la gestión pasada, el Índice de Percepción de Corrupción IPC 2020, elaborado por Transparencia Internacional (TI), cubrió  180 países.

Covid-19  Transparencia Internacional reveló que la corrupción está socavando los sistemas sanitarios y contribuyendo al retroceso democrático en plena pandemia del nuevo Coronavirus.

Calificación En la escala de TI cero equivale a muy corrupto y 100 a muy transparente.  Desde  2012, Bolivia   reduce  su puntaje. En  2020 logró mantenerse con  31 puntos, es decir que se percibe corrupción.

N°124 En 2015, Bolivia ocupaba el puesto 98, la mejor ubicación hasta ahora. Desde entonces bajó 26 posiciones, situándose el 2020 en el puesto 124.

Sur El promedio de Sudamérica es de 41 puntos, Bolivia tiene 10 puntos menos respecto a ese indicador.  Sólo Paraguay y Venezuela tienen mayores niveles de percepción de corrupción.

Uruguay Con 71 puntos, este país continúa teniendo  la  mejor calificación e la región, por lo que ocupa la posición 21. Los países con menor percepción de corrupción son Nueva Zelanda y Dinamarca con 88 puntos.

TI  Los indicadores del país, mostrados por Transparencia Internacional, advierten que esta situación debe cambiar y se debe ir más allá de las medidas parciales anticorrupción y desarrollar una lucha contra  integral.

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