Marcha de tres sectores termina en la primera gasificación del Gobierno

En Cochabamba y Santa Cruz, los médicos y trabajadores de salud realizaron marchas. Analizan la ampliación de la medida. El Gobierno reiteró su convocatoria a una reunión con los galenos.
martes, 23 de febrero de 2021 · 05:22

Verónica Zapana S.  / La Paz

Médicos, cocaleros de los Yungas y maestros  tomaron ayer  las calles en demanda de  la abrogación de la Ley de Emergencia Sanitaria, el respeto a Adepcoca y la renuncia del ministro de Educación, Adrian Quelca.  Esta marcha terminó en la primera gasificación del gobierno del presidente Luis Arce.  El Ejecutivo  reitera invitación al diálogo.

“Como el domingo firmamos un convenio interinstitucional para contar  con el apoyo  de  tres sectores, decidimos salir a marchar”, dijo  el secretario ejecutivo de la Federación de Ramas Médicas de Salud (Sirmes) La Paz, Fernando Romero.

La marcha se registró ayer en el cuarto  día de paro médico. Los sectores se reunieron en la puerta de Adepcoca (Villa Fátima) y salieron rumbo al centro paceño entre gritos y  consignas contra el Gobierno. 

Cuando la movilización llegó a inmediaciones de la Plaza Murillo por la calle Ballivián, la columna intentó  ingresar a  Kilómetro Cero,  pero el  reducido número de policías impidió su paso con el uso de  gases lacrimógenos para dispersar a la gente.

Hubo amagues de enfrentamiento por unos  45 minutos. Los movilizados golpearon a los uniformados con palos, además lanzaron piedras. Del otro lado, los policías  lanzaron las granadas de gas, una cayó en uno de los movilizados y causó una herida en su  cabeza.

“Denunciamos ante toda la población que hoy, en la marcha realizada por el comité intersectorial, fuimos  víctimas de una dura represión por parte de la Policía. Se usaron  granadas de cuádruple acción de gas  y tuvimos que socorrer a muchachos que sufrieron  espasmo bronquial, dificultad para respirar y  ceguera temporal”, denunció Romero. Denunció que la movilización fue reprimida e indicó que así el Gobierno genera un ambiente más hostil  y de mayor tensión. “No correspondía semejante atropello”, sostuvo. 

La protesta se realizó luego del  pasado domingo, cuando   tres sectores: maestros, médicos y  cocaleros de los Yungas firmaron  un pacto  para defender de forma conjunta sus demandas.

Después de más de 100 días del gobierno del presidente Luis Arce, ayer se registró la primera gasificación  en contra de sectores sociales que no están de acuerdo con las medidas que asume el Ejecutivo.

Romero  dijo  que hoy, en el quinto día de protesta,  su sector también saldrá  a las  calles para exigir la atención de las autoridades. Indicó que el Consejo Nacional de Salud (Conasa) no parará su lucha hasta la abrogación de la Ley de Emergencia Sanitaria.

“Esta ley vulnera nuestros derechos”, dijo al justificar que los médicos  del sector público, privado y de la seguridad social decidieron acatar  el paro hasta el 28 de febrero. No descartó la ampliación de la protesta. 

Otra de las representantes de la Federación de Ramas Médicas de la Seguridad Social (Fesimra) anticipó que la lucha no cederá.

El pasado fin de semana, en una entrevista con Página Siete,  uno de los representantes del Colegio Médico de La Paz, Édgar Villegas, aseguró que  el sector se abrirá al diálogo con el Gobierno y acudirá a la reunión para conversar sobre la ley y buscar  una modificación de la norma.

Ayer, el dirigente del Sirmes  indicó que pese a ello, hasta la fecha no llegó ninguna invitación para algún acercamiento. “Están mintiendo al pueblo”.

En Cochabamba, los médicos también salieron en movilización. Anunciaron que entre el miércoles y viernes tomarán las calles  para bloquear y marchar para exigir la abrogación de la Ley de Emergencia Sanitaria.

En Santa Cruz, los trabajadores de salud también marcharon por la misma causa. “Los artículos (de la Ley) 19 y 24 atentan al libre derecho de protestar”, dijo su dirigente Robert Hurtado.

La  representante del Fesirmes, Kadidja Ovando,  indicó que el sector exige “una  ley  consensuada y en beneficio de la población y no de sectores políticos”.

El ministro de Salud, Jeyzon Auza, reiteró el llamado a todo el cuerpo de profesionales en salud para el diálogo. “Si ellos están dispuestos a entablar una mesa de diálogo, nosotros tenemos toda la predisposición (de acudir). Si ellos realizan la invitación estaremos ahí, si no la realizan,   haremos la convocatoria para la  negociación”, dijo.

La autoridad aseguró que el Gobierno lamenta la convocatoria  del  paro médico en plena pandemia.  “(Rechazan)  una ley que no hace otra cosa que cuidar la salud del pueblo boliviano y su bolsillo para no permitir más abusos como los que hubo en la primera ola”.

El Ministro de Salud ve que el fondo de  la movilización de los profesionales  es evitar el control de  las  clínicas privadas y la  regulación de los precios de los servicios en los  centros privados.

“Esta ley prohíbe cobros previos para internación”, dijo Auza en la Red Uno.  Contó que algunos establecimientos privados realizaron cobros elevados por internación y medicamentos. “Esta ley no promueve fijar precios,  sino determinar precios durante la emergencia sanitaria. (La medida se aplicará ) únicamente mientras dure la emergencia”, dijo la autoridad  y aclaró que “(este punto) es lo   que promueve la ley”, dijo. 

La autoridad recordó que en la primera ola hubo abusos en los cobros en las clínicas privadas y en medicamentos.  “Una tableta de aspirina costó entre 15 y 18 bolivianos”, sostuvo. 

Según el Ministro de Salud,   las camas de internación regular  antes costaban entre 300,  400  y 1.000 bolivianos, ahora llegaron a cobrar  15.000 bolivianos en la primera ola.

Recordó que también hubo cobros anticipados. Contó que si una familia quería   internar a su ser querido,   debía hacer un depósito desde 18.000 bolivianos para  10.000 dólares (70.000 bolivianos) para terapia intensiva. 

Explicó que la norma no atenta el derecho a la huelga como tal. “Lo que  se prohíbe es que los paros no signifiquen la suspensión de los servicios de salud”, indicó y señaló que  la ley  “protege a la población”.

 

 

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