Seis colegios médicos rechazan convenio y denuncian que se cambió acuerdo inicial

Recuerdan que el acuerdo no incluía la “simplificación de requisitos” en el Art. 28 del proyecto de ley, sino la “abreviación de plazos” para la contratación de médicos. Ministro Auza dijo que hubo consenso.
miércoles, 3 de febrero de 2021 · 05:04

Cándido Tancara Castillo  / La Paz

 Los colegios médicos de al menos seis de los nueve que hay  rechazaron ayer el convenio suscrito entre el Colegio Médico de Bolivia y el ministro de Salud, Jeyson Auza, la noche del lunes, pues denunciaron que el acuerdo inicial al que se alcanzó la madrugada del lunes, después de más de siete horas de diálogo, no es parte del documento final, para la modificación del proyecto de ley de emergencia sanitaria, y no descartaron movilizaciones si el Ejecutivo y Legislativo no paralizan su tratamiento en el Senado.

“Nosotros ya hemos rechazado el documento y varios departamentos tienen la misma posición”, informó a Página Siete el presidente del Colegio Médico de Cochabamba, Édgar Fernández. Recordó que la noche del lunes se trasladó a La Paz para rubricar el acuerdo, pero ese día no hubo una reunión previa, como se acordó en la madrugada, para ratificar el documento final antes de la firma y cuando se enteraron del contenido del texto, abandonó el Ministerio de Salud y también sus colegas de La Paz y Santa Cruz. 

Dijo que rechazan el documento sus colegas de Beni, Potosí y Chuquisaca. “Esperamos que hoy se pronuncien el resto (Tarija, Pando y Oruro)”, dijo.

El presidente el Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoátegui, afirmó en Erbol que “Santa Cruz rechaza” el documento porque es “un atentado contra los médicos de Bolivia y las conquistas sociales”. El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, también informó ayer a este diario que el documento final fue rechazado porque no fue parte de la revisión de los distintos colegiados antes de la rúbrica. Por ello, dijeron por separado, que al final sólo firmaron el ministro Auza y el representante del Colegio Médico de Bolivia, Cleto Cáceres.

Fernández precisó que el acuerdo verbal no incluía la “simplificación de requisitos”, en el artículo 28 del proyecto de ley, sino la “abreviación de plazos” para la contratación de médicos ante la emergencia sanitaria por la Covid-19. Explicó que “no se puede simplificar los requisitos en especialidad y subespecialidad” porque “mientras no sean homologados (los diplomas académicos de los candidatos) no pueden ejercer la profesión” y la “condición son los años de servicio y años de formación; si no los completan no pueden se homologados por la universidad boliviana”.

Afirmó que como “Colegio Médico de Bolivia damos certificación a los especialistas y para eso se requieren tres años o 15.000 horas”. Sostuvo que con el proyecto de ley de emergencia se les estaría quitando esta tuición académica.

Fernández afirmó que el temor del sector es que el Gobierno pretenda replicar la contratación de ciudadanos cubanos como ocurrió en el gobierno de Evo Morales cuando de 702 sólo 205 tenían título de médico. También afirmó que se pretende contratar a bolivianos que estudiaron en la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba, pero que les falta completar carga horaria. “Su currículo, carga horaria y años de estudio no les alcanza a lo que exige Bolivia”, afirmó y aseguró que esto es “simplificar requisitos” y consideró que “el Ministerio de Salud busca el libre albedrío y netamente político y nosotros no estamos de acuerdo”.

Anzoátegui afirmó que la contratación de médicos extranjeros sólo podrá efectivizarse si en el país no hay especialistas o “cuando ya no podamos trabajar, pero para ello se tiene que seguir el curso legal”. Fernández dijo que es “muy difícil que especialistas extranjeros quieran venir a trabajar a Bolivia por los sueldos que se ofrecen”.

El titular del Colegio Médico de Santa Cruz afirmó que se rechaza la creación del consejo nacional estratégico sólo con 11 ministerios, dejando de lado al Colegio Médico de Bolivia y la Sociedad Científica de Bolivia, “los brazos técnicos para   planificar cómo se enfrenta una pandemia”.

Anzoátegui observó que los artículos 27 y 30 del proyecto de ley atentan a la Constitución porque facultan al Ejecutivo “la contratación directa de bienes y servicios, pero incluyen cláusulas confidenciales incluso ante la Contraloría; esto es grave”. Fernández afirmó que en el artículo 17 no se incluyó el concepto acordado con el ministro Auza. “Hacer estudio previo para determinar el tarifario para ser incluido con el subsector privado y respetando los aranceles de los colegios profesionales; pedimos que se  incluya y no se hizo”.

También afirmó que se acordó que “se retire el artículo 19, anular o añadir ‘como manutención de servicios de emergencia’ en lugar de la prohibición del derecho a la protesta; en el documento suscrito se modificó pero no dijimos así”.

Explicó que los médicos organizados exigieron al Gobierno una ley de emergencia sanitaria para enfrentar la Covid-19, pero la norma es para todas las emergencias y también fue “aprovechada” para una “persecución política” y “quitarnos el derecho a la protesta”. Dijo que a través de la ley se buscaba personal para los hospitales, equipos, insumos y medicamentos. Fernández y Anzoátegui anunciaron que hoy se realizará una reunión virtual con el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Cleto Cáceres, para pedirle una explicación sobre el contenido del documento. Alertaron que si la explicación no es convincente podrían enviarlo a un proceso de ética. Anunciaron que la reunión emitirá una decisión de movilización si el Gobierno no acepta diálogo y revisión del documento. El lunes, el ministro Auza afirmó que “el consenso se ha impuesto ante la intransigencia y gracias a ello le podemos decir al pueblo boliviano que están garantizados los servicios de salud”.
 

MAS impide que  ley de emergencia sanitaria  pase a la Comisión de Salud

El Movimiento Al Socialismo (MAS) impidió que la Comisión de Salud, con mayoría de los opositores Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, incorpore los cambios en el proyecto de ley de emergencia sanitaria y derivó esa labora a la Comisión de Constitución, DDHH, Legislación y Sistema Electoral, controlada por senadores masistas.

“Solicitamos que se haga lo debido y se corrija esta decisión que de otro modo parece una trampita”, afirmó ayer   Andrea Barrientos, senadora de CC. “Es indignante que se prohíba el trabajo y funcionamiento de la Comisión de Política Social, Educación y Salud cuando es la comisión designada para tocar temas tan delicados; el MAS tiene miedo a escuchar y estamos alertas y estamos hablando con sectores de salud y sociedad organizada para hacerles conocer esa decisión del MAS”, añadió.

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez (MAS), respondió a Barrientos y mantuvo que la modificación a la norma la haga la Comisión de Constitución. “No estamos de ninguna manera en el plano de actuar de mala fe o queriendo poner trampitas, absolutamente. Ahí tiene la participación del Colegio Médico y Ministerio de Salud, los cuales presentarán las modificaciones y los artículos que se han puesto en cuestión y ya hemos remitido y no se debió objetar”.

La presidenta de la Comisión de Constitución, Virginia Velasco (MAS), afirmó que la comisión que dirige es “transversal” y que no debió haber suspicacia. “La Comisión de Constitución es transversal en específico porque pasan (por ahí) todas las normas internacionales, su segunda generación, derecho a la salud, se tiene que establecer la Constitución; (la oposición) no tiene argumento para que se pueda tratar en la Comisión de Salud”, dijo la senadora masista y dijo que todos los senadores pueden participar en la comisión que hoy se instalará a las 7:30 y trabajará por tiempo y materia. “Los vamos a esperar”, dijo.
 

 

 

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