Salubristas: Apenas promulguen la ley sanitaria se irá al paro

Los Sirmes responsabilizan al Gobierno del conflicto que está generando con su sector el proyecto de ley de emergencia sanitaria; demandan diálogo.
domingo, 7 de febrero de 2021 · 05:04

Página Siete / La Paz

Médicos, enfermeras y trabajadores de salud del sector público advierten que apenas el gobierno promulge el Proyecto de Ley de Emergencia Sanitaria tal cual está, sin las modificaciones que exige el sector y sin convocarlos al diálogo,  iniciarán un paro de actividades. La medida de presión en medio de la pandemia del coronavirus comenzaría de manera escalonada, hasta convertirse en una huelga indefinida, advirtieron ayer dirigentes médicos. 

Los salubristas lamentan tener que retomar sus movilizaciones en medio de la crisis sanitaria que provoca la Covid -19 y responsabilizan al Gobierno de las consecuencias que se puedan traer al país.

“El proyecto de ley está a punto de ser promulgado y si lo promulgan tal cual está y no replantean algunos artículos,  habrá una movilización nacional, apenas sea promulgado. Comenzará una lucha muy fuerte en todo el país y eso nos preocupa porque nos quita el tiempo y recursos que debemos dedicarle a la lucha contra el coronavirus, que está a punto de entrar a su pico más alto, pero es el Gobierno el que desató este conflicto y está arrastrando a todo el país a una movilización”, declaró el secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas Afines (Sirmes) de La Paz, Fernando Romero.

Desde Cochabamba,  el secretario de Relaciones del Sirmes de ese departamento, Carlos Nava, indicó que la medida será escalonada y demandó diálogo al Gobierno.

“Si no se convoca a un diálogo amplio y abierto, respetando la Constitución Política del Estado y las leyes, nosotros nos planteamos la urgente necesidad de convocar a un paro de 24 horas; si no se nos escucha será de 48 horas y finalmente vendrá la huelga general e indefinida. No se puede jugar con la salud del pueblo boliviano y mucho menos con la de los profesionales que estamos en primera línea en la lucha contra la pandemia; ahora no se juega sólo la salud de los bolivianos, sino la vida, y nosotros como sector estamos dispuestos al diálogo”, declaró Nava.

De acuerdo con el sector, el proyecto de ley de emergencia sanitaria, aprobado el viernes en el pleno de la Cámara de Diputados y remitido al Órgano Ejecutivo para su promulgación,  vulnera la Constitución Política del Estado porque conculca el derecho a la libertad de expresión, a las protestas y movilizaciones.

De la misma forma, aseguran que la norma es un atentado contra el derecho al trabajo que tienen los médicos cuando propone la contratación de personal extranjero,  además de que  va en contra de la Ley de Autonomías y pretende pasar por alto las normas de contrataciones que dan transparencia a las compras públicas. 

“Es muy dura la forma en que el Gobierno utiliza la ley sanitaria para imponernos restricciones, para abrir las puertas del país a profesionales extranjeros, tomar competencias de otro sector, y apelar a confidencialidades que siempre son un riesgo para cualquier tipo de compras”, dijo Fernando Romero. 

“No permitiremos que nuestros profesionales egresados en Bolivia queden desempleados; so pretexto de la emergencia quieren traer médicos cubanos y venezolanos”, sostuvo Carlos Nava.

Los trabajadores del sector salud del sistema público, que atienden a más del 70% de la población,  reiteraron su demanda de diálogo con el Gobierno.

“Nos preocupa  que el Gobierno esté generando un conflicto que se extenderá a todo el país, en plena pandemia, lo que puede generar más enfermedad, más tragedia. Ojalá lo entiendan así el presidente Arce y el vicepresidente Choquehuanca y puedan convocar a la dirigencia nacional a replantear los artículos aún pendientes”, sostuvo  Romero.

Lo que dice la ley

  • Contrataciones  Uno de los puntos que preocupa al sector salud es el de las contrataciones de personal médico. La norma dice: “  El Gobierno nacional quedará facultado para realizar contrataciones directas de bienes, obras y servicio que sirvan para la lucha contra la pandemia. Las mismas deberán ser presentadas a la Contraloría General del Estado, con sus cláusulas de confidencialidad. Una vez termine el periodo de emergencia sanitaria estos convenios se harán públicos.

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