Epsas, un botín político y con 9 interventores en 8 años de crisis

Los trabajadores se mantienen en emergencia por las contrataciones y despidos injustificados. Las organizaciones sociales piden puestos de trabajo.
lunes, 15 de marzo de 2021 · 05:24

Leny Chuquimia / La Paz 

En ocho años, nueve interventores fueron posesionados para sacar de la crisis  a la Empresa Pública Social de Agua Potable y Saneamiento (Epsas). Cuatro rotaron  en lo que va de 2021, en medio de una pugna que evidencia el manejo de la institución como un botín    político, del que depende el suministro de agua potable para ocho municipios.

“A la salida de  Aguas del Illimano se creó Epsas con un directorio y un gerente, Víctor Hugo Rico. En 2011 él se fue y entró otro gerente. Dos años después la empresa fue intervenida  por malos manejos y se convirtió en un botín político que no sale de la  intervención, ya muy larga. Juegan  intereses foráneos, no se toma en cuenta la capacidad técnica y preparación. Nosotros como trabajadores estamos preocupados por la mantención del servicio a la población”, señaló Ruth Alarcon, parte de  los trabajadores de base movilizados.

 En 2013 empezó  un  proceso de intervención que inicialmente debía ser de seis meses, pero después de varias ampliaciones, ya  va por los ocho años. Desde entonces  hubo nueve  interventores: Andrés Zegada, Humberto Claure, Hugo Gómez, Rudy Rojas, Humberto Claure (nuevamente), Alberto Chávez, Miguel Gonzales, Tomas Quisbert y Gonzalo Iraizos. 

Hace dos semanas, los trabajadores de Epsas instalaron una huelga de hambre denunciando contrataciones  y despidos irregulares, además de la rotación de cuatro interventores en menos de dos meses, debido a decisiones políticas. Observaron que el último no respondía al perfil idóneo para dirigir la empresa.  Mientras se instalaban  los piquetes,  grupos del MAS intentaban tomar las instalaciones.   

Página Siete accedió a  cuatro votos resolutivos de diferentes organizaciones sociales afines al partido de gobierno. Unos  piden nombrar “a su postulante”  como interventor, otros  solicitan puestos laborales y al menos uno  conmina al gobierno central  a destituir a determinada autoridad. En las planillas de personal figuran nuevos cargos para asesores, con sueldos de hasta 17.000 bolivianos.

 ¿Quiénes deciden los cargos?

 “...el presidente del directorio del Distrito 15 de la circunscripción 10 del MAS-IPSP y el directorio del Comité Político  Chuquiago Marka de  El Alto, solicitamos a su autoridad pueda fijar fecha y hora para la audiencia de tratamiento de espacios laborales para hermanos (as)  que puedan ocupar cargos públicos en las diferentes áreas de la institución   que usted dirige...”, señala una carta de fecha 11 de marzo, cuyo destinatario es el actual interventor Gonzalo Iraizos. La nota está firmada por una decena de dirigentes. 

Hasta el 5 de enero pasado,   la empresa estaba dirigida   por Alberto Chávez, nombrado interventor  por el gobierno de Jeanine Añez. Su cabeza ya había sido pedida el 20 de noviembre de 2020 por la Fejuve La Paz,  dirigida por Justino Apaza, quien le arrebató la sede  de la dirigencia vecinal  a Jesús Vera, en medio de un ataque con  dinamitazos. 

“...el hermano tiene una amplia experiencia en el sector público y privado. Trabajó   políticamente con las organizaciones  sociales y en especial con la Fejuve La Paz. Por lo expuesto solicitamos, estimado ministro, el nombramiento del hermano Ing. Teófilo Hilari Caparicona al cargo de gerente interventor de Epsas. Nos despedimos en calidad de guardianes del proceso de cambio”, señala una nota enviada al al ministro de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) -con copia al Ministerio de la Presidencia-  Juan Santos Cruz.

  Sin embargo, la destitución no llegó hasta el 5 de enero, cuando se posesionó a Miguel Gonzales, quien tenía el aval de la Confederación Única de Trabajadores  Campesinos de Bolivia- Csutcb.

     “Ahí empezó el problema. Hemos tenido una serie de despidos y nombramientos a dedo. Ha retirado a 20 personas y en su lugar a contratado a 56, con sueldos elevados que no corresponden al puesto. Se han creado cargos”, señala Alarcón.

 Supervisor de comunicación y relaciones públicas, asistente de servicios generales, asesor financiero comercial, son algunos cargos nuevos que aparecen en las planillas bajo el título de eventuales, pese a que los contratos son indefinidos,  con sueldos que van de  más de 8.000 bolivianos a más de 26.000. Además 50 nuevos funcionarios se acomodan en  puestos técnicos y administrativos con sueldos similares, incluido el de coordinador general de intervención  con los movimientos sociales.     

    Las respuestas a los movimientos de personal, sin conocer el manejo de la empresa, generaron repercusiones en las instancias que tras la crisis del agua de 2016 cooperaban con recursos.

El 18 de febrero 2021, la Embajada de los Países Bajos envió una carta a la jefa de gabinete del Ministerio de Planificación, Jackeline Arce Zaconeta. El asunto era la preocupación por la situación en la que quedaba  el “Proyecto La Paz-Eficiencia hídrica y Alerta temprana”, creado en respuesta a la grave crisis de agua que vivió la urbe.

“Esta misión diplomática tomó conocimiento que durante  las últimas semanas, después  del nombramiento del nuevo director, se ha procedido a  despedir a gran parte de los expertos técnicos. En la ejecución de este proyecto, muy complejo, estos expertos con gran experiencia y conocimiento eran claves”, señala la misiva diplomática. 


La Fejuve  La Paz pidió nombrar a un interventor.

Después de este incidente, en el que se pedía al Estado boliviano garantizar que el proyecto tenga continuidad y éxito, el 22 de febrero, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Alcantarillado (AAPS) retiró del cargo a Gonzales y  posesionó al ingeniero Tomas Quisbert. Este último  duró  en el cargo 24 horas y fue remplazado por el agrónomo Gonzalo Iraizos. Hecho que detonó las protestas.

    El 24 de febrero, en cuanto se supo de los  nombramientos, la Csutcb emitió un voto resolutivo  en apoyo a Gonzales, su encomendado.   El documento conmina al Gobierno para que en 24 horas destituya al director de la AAPS Luis Sibila, del propio ministro Juan Santos, a su asesor de despacho Daniel Sotomayor y al jefe de gabinete Lucas Zambrana. Se argumenta que el primero fue parte del gobierno de Añez, que el segundo  no tuvo control y que los otros dos van en contra de las determinaciones del Pacto de Unidad.

“El comité ejecutivo nacional de la Csutcb emite voto resolutivo de “AVAL y RESPALDA  al hermano Dr. Miguel Gonzales, como interventor de Epsas. Toda vez que trabajó orgánicamente y representa a las organizaciones sindicales y sociales”.

    
La Regional  del MAS emitió  un aval para Gonzales.

     El mismo día, la dirección regional  La Paz del MAS, en  un segundo voto resolutivo,  conmina al MMAyA a destituir  Sibila e la AAPS y respalda que Gonzales sea posesionado como interventor, por contar con su aval. 

Sin embargo, pese a las recomendaciones e insistencia se ratificó a Iraizos como interventor. Fue en este interín de idas y venidas, que militantes del MAS llegaron  a los predios para intentar tomarlos ante la resistencia de los trabajadores. 

Ante un conflicto, al que debieron hacerse presentes las autoridades del sector, a las instalaciones de Villa Fátima  arribó una delegación del Consejo Nacional de Ayllus Y Marcas  del  Qollasuyo (Conamaq) para “ver por qué era el problema y si  se posesionó a quien acordaron” .


La Csutcb  conminó la destitución de cuatro funcionarios.

La noche del 26 de febrero, los dirigentes atrincherados dentro de las oficinas se contactaron con el presidente Luis Arce, mediante una llamada que fue filmada y luego filtrada. En la conversación el  mandatario indicó que por  el conflicto que se registra en Epsas, instruyó al ministro de MMAyA destituir al exinterventor de la empresa y a otro funcionario porque eran  “pititas que estaban articulando un despelote” en la compañía.   

El dirigente que hizo la llamada y el que filmó el video  fueron suspendidos por el Conamaq.


El MAS  de El Alto también solicitó fuentes laborales.

 8 años de  intervención

  • Privada  En diciembre de 2006,  el  MMAyA, la AAPS y Samapa firmaron con Aguas del Illimani del Grupo AISA un “Acuerdo Marco de Terminación de Disputas”. Las acciones de la empresa fueron transferidas al gobierno bajo  un  fideicomiso  de 5,5 millones  de dólares.  
  • Epsas En su lugar, en enero de 2007  se creó Epsas para asumir el suministro de agua potable  de La Paz y El Alto.  El primer  gerente (2007-2011) fue  Víctor Rico.   
  • Intervención  El 1 de abril de 2013, ante una “ineficiente gestión que la llevó al colapso” en los últimos años Evo Morales anunció la intervención de la operadora. 
  • Andrés Zegada  Fue el primer interventor. Su misión  era  auditar y convertir a Epsas en una institución pública; garantizar la gestión para su sostenibilidad económica y operativa; y diseñar una nueva empresa metropolitana. Para ello tenía  seis meses . 
  • Humberto Claure  El 7 de octubre de 2013, Claure, entonces  gerente de operaciones, fue posesionado como el segundo interventor. Como el primero (Zegada) no cumplió las metas  el  gobierno amplió la medida por seis meses más, hasta abril de 2014.  
  •   Hugo Gómez  Tras una nueva ampliación de la intervención, esta vez de 18 meses, el 3 de junio de 2015 -antes de cumplir el plazo- se posesionó a Gómez, el   tercer interventor.   
  • Rudy Rojas Tras otra  ampliación  (de octubre de 2015 a octubre de 2016), el 27 de julio de 2016 fue  posesionado como   cuarto interventor. Tres meses después, por  la denominada crisis del agua,  fue destituido.  
  • Humberto Claure En medio del desabastecimiento, el 16 de noviembre de 2016,  fue puesto a la cabeza de Epsas  una vez más. Se extendió la intervención   por un año, que se volvió a ampliar en 2017,  2018 y 2019, al igual que la gestión del ya quinto interventor. Claure renunció a su cargo el 13 de noviembre de 2019, tras  los conflictos poselectorales. 
  • Alberto Chávez Fue designado como el sexto interventor en noviembre de 2019, por el gobierno de Jeanine Añez. Se quedó en el puesto hasta enero de 2021, cuando fue destituido por   ser “pitita”. 
  •     Miguel Gonzales  El 5 de enero 2021 fue posesionado como el séptimo interventor. En dos semanas tuvo denuncias de despidos y contrataciones arbitrarias y fue destituido.
  •  Tomas Quisbert  El 22 de febrero de 2021 fue posesionado en lugar de Gonzales, como el octavo interventor. Su gestión apenas duró 24 horas. 
  •  Gonzalo Iraizos El 23 de febrero fue designado como la novena cabeza de Epsas en ocho años de intervención, y la cuarta  durante la actual gestión.

UMA, una propuesta edil sin respuestas

 En marzo de 2017, los  alcalde de La Paz y El Alto, Luis Revilla y Soledad Chapetón, enviaron a la Autoridad de Fiscalización y Control del Agua Potable (AAPS),  la propuesta de  la creación de  la empresa Unión Metropolitana por el Agua (UMA). 


En 2016  94 barrios paceños se quedaron sin agua.
Foto: Archivo / Página Siete

Esta debía constituirse sobre la base de Samapa para hacerse cargo del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario en ambas jurisdicciones y dar fin a la  intervención de Epsas. Sin embargo, esta no halló respuestas.

 El plan para la implementación de UMA contempla una inversión de 1.100 millones de bolivianos para cinco años, tomando en cuenta las contrapartes que le corresponden al Gobierno nacional en los proyectos. 

Tras varias reuniones de ajustes se decidió ampliar la intervención mientras se conformaba el proyecto. Empero se  condicionó la creación de la nueva empresa a la   inclusión  en ella al resto de los municipios de la región metropolitana del departamento, en igualdad de condiciones.

   La Paz y El Alto constituyen el 80% del área metropolitana y concentran el 95% de los usuarios del servicio. Pero una  empresa metropolitana  debe incluir también a Palca, Mecapaca, Viacha, Pucarani, Laja y Achocalla que se abastecen de agua  a partir de pequeñas cooperativas. 

 “Ese es el problema, que el 97% del servicio se lo presta en La Paz y El Alto y somos quienes solventamos el funcionamiento de la empresa. Pero se ha planteado que los otros municipios tengan la misma calidad y cantidad de participación y no es correcto porque hay dos que corren con el grueso de los gastos y el financiamiento”, explicó Revilla entonces.

Aclaró que hay acuerdo en que otros municipios participen de la formación de esta empresa. Lo que cuestionó  es “que los intereses políticos  en las otras alcaldías hacen que La Paz y El Alto terminen siendo rehenes de decisiones  de municipios donde no hay institucionalidad”.

Aunque se buscó un cuerdo el resto de las alcaldías, afines al MAS, rechazaron la propuesta de los dos burgomaestres de oposición. 

 A finales de 2019,  Revilla  manifestó que una vez pasadas las elecciones se retomaría el proyecto, pero eso aún queda pendiente.

 

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