En el día de la Madre Tierra, entra en vigor el Acuerdo de Escazú

Se busca proteger el derecho ciudadano de acceso a información, el acceso a la justicia y el derecho de participación en asuntos relacionados con el medio ambiente.
miércoles, 21 de abril de 2021 · 20:34

Página Siete Digital

Este 22 de abril, día de la Madre Tierra, entra en vigencia el Acuerdo de Escazú; un convenio  internacional que busca empoderar a la sociedad civil para su participación en asuntos ambientales. Bolivia es parte de este acuerdo que consta de tres puntos importantes.

Se denomina “Acuerdo regional sobre el acceso a la Información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe” o Acuerdo de Escazú. Entre los principales  tópicos de este convenio, se busca proteger el derecho ciudadano de acceso a información, el acceso a la justicia y el derecho de participación en asuntos relacionados con el medio ambiente.

La activista brasileña Joara Marchezini, destacó -en un webinar organizado por el Cedib- que este acuerdo viene de uno de los principios de Río 92. “El principio establecía que la mejor manera de tomar decisiones ambientales es a través de la democracia ambiental, es decir, a través de la participación, de la información y del acceso a justicia, cuando no es posible prevenir conflictos”. Este acuerdo se negoció por seis años: dos años de preparación y cuatro años de negociación.

El Acuerdo de Escazú está abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe, de todos estos 24 países lo firmaron y 12 lo ratificaron: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay.

Este acuerdo, comentó Marchezini, es vinculante. “Al principio había una presión muy fuerte de la sociedad civil para que fuera un acuerdo, pero algunos países decían que ‘no sabían’ si iba a ser un acuerdo”, recordó. En un comunicado realizado por la Organización de Naciones Unidas, se destaca que este es el primer tratado ambiental que contiene disposiciones específicas para la promoción y protección de las personas defensoras del  medio ambiente.

Al respecto, el defensor de la Amazonia y representante de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap), Álex Villca, indicó al respecto que “tenemos que ser, desde mi opinión, la sociedad civil, la que empiece a tomar mayor protagonismos sobre estos temas (medioambientales) tan importantes para nosotros”.

Además, Villca hizo énfasis en los derechos reconocidos por las leyes bolivianas, que no son respetadas. “Cuando se dan proyectos y estas afectan los territorios indígenas y áreas protegidas, lamentablemente desconocemos el contenido y magnitud de estos proyectos; eso es algo muy importante. En Bolivia no tenemos una ley de acceso a la información”, comentó.

“A nosotros se nos ha dicho que la información es secreto de estado. Se nos ha negado la información, entonces: a quién te quejas”, cuestionó la activista indígena, Ruth Alipaz, defensora del Parque Nacional Madidi.

Aunque los activistas no mostraron mucha esperanza por los antecedentes con el Estado. La abogada ambientalista Katia Chávez se mostró más optimista por este “pequeño” logro. “Es importante porque es la base legal que nosotros hemos agarrado para iniciar  con las medidas cautelares de paralización de obras. Como colectivo hemos presentado una acción judicial que se basa en el Acuerdo  de Escazu, porque este nos  garantiza el servicio precautorio, el acceso a la información y el acceso a la justicia”, recalcó en dicho webinario.

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