Casi 7 millones de ha están con controversias por sobreposición

En Bolivia, la titulación y saneamiento de tierras llega al 87%. El restante 13% está en proceso, pendiente de mensura, en conflictos por propiedad o paralizados.
domingo, 15 de agosto de 2021 · 05:01

Gabriel Díez Lacunza  / La Paz

El director nacional a. i. del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez Aramayo, informó que actualmente hay casi siete millones de hectáreas (ha) en Bolivia, cuyos dueños tienen conflictos por predios que se superponen. “Nos han dejado lo más complicado a nosotros (como gestión) porque se saneó antes la tierra donde no había conflicto. Casi siete millones de ha tienen controversias de sobreposición de derechos, del propietario A con el B”, dice.

La autoridad habló con Página Siete  luego de que en los dos últimos meses se reactivara en la agenda pública la temática del avasallamiento de tierras, el derecho propietario y los impactos de la agroindustria en la vida de las comunidades indígenas y campesinas al interior de la frontera agrícola cruceña. Según estima, la titulación de tierras debería concluir en Bolivia en un plazo no mayor a tres años a partir de ahora.

Datos del INRA actualizados hasta mayo de 2021 muestran que la superficie saneada y titulada en el país alcanza el 87% mientras que el restante 13% está pendiente. De ese 13% existen 5.747.690 hectáreas en proceso de titulación, 1.145.923 ha como superficie por mensurar y 6.994.661 ha referidas por Núñez están paralizadas o en conflicto.

“Normalmente los límites del predio A no están bien definidos en relación al predio B y no se ponen de acuerdo. Ahí el INRA debe jugar un rol importante de acercar a las partes, mostrar los antecedentes agrarios, quién tiene mejor derecho; es un trabajo de terreno y en la conciliación siempre debería haber el ganar-ganar, donde ambos ceden. Porque si se va con la estrategia de ganar-perder, una de las partes se va a sentir afectada y va a acudir a la justicia agroambiental y se va demorando y el INRA no puede sacar la resolución final”, expone Núñez como uno de los factores para que estos casos sigan irresolutos.

El otro elemento que identifica para que estos procesos no avancen es la falta de colaboración de las gobernaciones en tema de límites. “La ley dice que en materia agraria no definen los límites territoriales de un municipio con otro o de una provincia con otra, en el título (agrario) dice municipio: pendiente; provincia: pendiente, pero en departamento ya no puede decir ‘pendiente’, ¿dónde vas a inscribir?, ¿en el departamento A o B? y el INRA queda parado ahí”. Ese es un rol de las gobernaciones, añade.

Avasallamiento e interculturales

En el documento Despojo de tierras de comunidades por el agronegocio boliviano. Estado de situación de comunidades indígenas y campesinas dentro de la zona de expansión de la frontera agrícola de Santa Cruz (2021), publicado por Fundación Tierra, se explica que hay habitantes de comunidades indígenas en esa área que temen por el avasallamiento de los denominados grupos “interculturales”, antes colonizadores, provenientes del occidente del país.

“En medio de las disputas por las tierras de la frontera existen cientos de comunidades que no son exactamente tales, sino grupos de personas que lograron obtener autorizaciones provisionales del INRA para asentamientos y formación de comunidades, o, simplemente, se trata  de asentamientos sin autorizaciones; en muchos casos considerados como avasalladores, traficantes de tierras o ‘tomatierras’”, se lee en el documento. Sumado a ello, las denuncias por avasallamiento en las que se apunta a los interculturales como responsables no son recientes.

Sin embargo, para el director del INRA cuando se habla de colonizar el oriente se trata de una narrativa falsa. “¿Con un millón y medio de tierras fiscales para distribuir (se) va a colonizar?, yo me pregunto”. Información del INRA da cuenta de que en ese departamento se saneó y tituló el 90% (32.304.409 ha) de la tierra y que el 10% restante es de 2.071.861 ha de superficie en proceso y 1.420.782 ha, mencionadas por Núñez, están paralizadas o en conflicto.

El funcionario da un dato extra. Afirma que todas las semanas se registran compraventas de tierra con inversionistas de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba en Santa Cruz. “Entonces, decir que los paceños, los cochabambinos, los de Potosí, los de Oruro están viniendo a colonizar a la Chiquitania no es correcto, porque la tierra se vende y se compra. Lo único que no se vende ni se compra son los territorios indígenas”.

Alquiler de la tierra

Otro problema que se identificó en la investigación de Fundación Tierra en el área de la frontera agrícola cruceña es el alquiler de la tierra por parte de miembros de pueblos indígenas a productores vinculados con el negocio de la soya a precios poco convenientes para los primeros.

Según ese estudio, hay 19 comunidades indígenas en la zona núcleo de la agroproducción cruceña que están en riesgo por potenciales situaciones de despojo y que en algunos casos sus habitantes se ven obligados a alquilar sus tierras tituladas como en la comunidad guaraní 16 de Marzo del municipio San Julián, provincia Ñuflo de Chávez y  Cupesí Poza Verde (ayorea) del municipio de Pailón.

Al respecto, Núñez responde que cómo se esté gestionando la tierra es una pregunta que corresponde hacer a los mismos pueblos y que el Estado no puede participar. “La Constitución dice que una vez se les da el título, ellos se rigen por normas y procedimientos propios, son autónomos”.

Santa Cruz  busca activar la CAD; el INRA trabajará directamente

La Comisión Agraria Departamental (CAD) está reconocida en la Ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria y en la Ley 3545 de Reconducción de la Reforma Agraria. En Santa Cruz. la Gobernación busca activarla para, entre otras cosas, frenar los avasallamientos. Sin embargo, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), uno de los actores clave, no cede para dar luz verde. Es más, su máxima autoridad informó que trabajarán de manera directa en el caso de tierras, sin intermediarios.

“Desde que salió la Constitución (2009),  el INRA se relacionó directamente con los sectores que están en la ley (…). Las puertas del INRA nacional y departamental están abiertas; que todos los sectores directamente vinculados a la tierra que se acerquen al INRA, no necesitamos intermediación”, declaró en entrevista vía Zoom a Página Siete el director nacional a. i. del INRA, Eulogio Núñez.

Tanto la Ley 1715 como la 3545 contemplan  la creación de una Comisión Agraria Nacional, además de comisiones departamentales. Entre las atribuciones de las CAD están: supervisar la ejecución de las políticas de tierras y dictaminar sobre las áreas y superficies que proponga distribuir el INRA por dotación o adjudicación de tierras.

Después de dos convocatorias fallidas a la activación de esta comisión en Santa Cruz, el secretario de desarrollo económico de la Gobernación cruceña, Luis Fernando Menacho, dijo el pasado viernes 13 en conferencia de prensa que siguen a la espera de que en algún momento se logre conformar la CAD para que entre en funcionamiento. 

“Si el INRA cree que con boicotear a esta comisión va a solucionar el problema de avasallamientos en Santa Cruz, creo que está yendo por un camino errado. Creemos que la CAD es el lugar donde vamos a dar soluciones a los avasallamientos y el conflicto por la tierra”, expresó Menacho.

“Necesitamos cerrar la regularización de derechos y así  daremos la seguridad jurídica para impulsar el desarrollo rural sustentable”. 
E. Núñez, director  a. i. INRA

“En medio de las disputas por  tierras  existen cientos de grupos  que lograron  autorizaciones provisionales del INRA para asentamientos”. 
Fundación Tierra

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