La caña de azúcar devora territorio indígena tacana

Muchos indígenas cedieron sus tierras y los que se resistían, no pudieron luego de la covid. Su modo de subsistencia está amenazado y los beneficios no llegan.
lunes, 3 de enero de 2022 · 05:00

Karen Gil y Rafael Acuña / La Brava

Por donde antes corrían libremente animales como el jochi, taitetú, tortugas, lagartos, monos y otras especies silvestres, se imponen ahora 124 hectáreas de cañaverales. Del frondoso bosque que rodeaba a Buena Vista –una de las 20 comunidades del Territorio Indígena Tacana, en la Amazonia paceña– va quedando poco. Caminar por este lugar, que equivale a 173 canchas de fútbol, implica resistir los 35 grados centígrados en primavera. La falta de sombra que daban los altos árboles, arrasados hace cinco años, dificulta el recorrido.

Los habitantes cuentan que en este lugar, y en la parte urbana de la comunidad, la temperatura ha ido subiendo desde 2016. Ese año comenzó la deforestación para plantar caña, y así proveer a la estatal Empresa Azucarera San Buenaventura (Easba), ubicada en el municipio de San Buenaventura del departamento de La Paz, y que colinda con parte de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Tacana 1.

“El aire no se siente puro. Antes de que llegue la empresa  nadie chaqueaba (desmontar) de esa manera, con máquinas”, cuenta el corregidor de Buena Vista y uno de los productores de caña, Julio Duval.

Las empresas

No sólo el paisaje del territorio tacana cambió, sino el de todo el bosque de alrededor, donde ahora se cultiva caña. Desde el inicio de la construcción de Easba (en 2010) se deforestaron, hasta 2019, 4.573 hectáreas de  bosque, según el estudio Agroindustria y Amazonia boliviana: El caso de la Empresa Azucarera San Buenaventura, de Daniel Robinson (Cedla, 2019).

Esa desaparición implicó, por ejemplo, la pérdida de semillas nativas de majo y asaí, cuyos frutos recolectan los indígenas para uso medicinal y alimenticio, todo como parte de su gestión territorial y de sus prácticas tradicionales.

Es cierto que la caña representa un ingreso para las comunidades, pero tiene efectos negativos debido a la pérdida de foresta, dice la presidenta del Consejo Indígena de Mujeres Tacanas (Cimta), Mariane Quenevo. “Los animales están migrando; como tacanas somos afectados porque nos alimentamos de la carne del monte, y para nosotros es un problema que se deforeste más cada año”, expresa.

La relación que tienen los indígenas con el bosque es primordial para su vida. Según el estudio Ingresos económicos en hogares de la TCO Tacana I (2017), de Zulema Lehm, la primera fuente de ingresos anuales es la venta de fuerza de trabajo, pero las actividades basadas en los recursos naturales y que no implican cambio en el uso del suelo llegan a un 52%. Dichas actividades son el aprovechamiento forestal maderable y leña, pesca, caza, turismo, aprovechamiento forestal no maderable y  recolección de mieles nativas.

Easba cambió esa lógica. Comenzó a operar en 2017, más de seis años después del inicio de su construcción, y le costó al Estado 265 millones de dólares, monto proveniente de tres créditos del Banco Central de Bolivia, de los cuales aún no se pagó ni la cuarta parte.

El gobierno del entonces presidente Evo Morales (2006-2019) auguraba con esta obra el desarrollo no sólo del país, sino de las comunidades del lugar. Con ese argumento impuso una empresa en medio del bosque amazónico de La Paz, cuya vocación es forestal.

La llegada de la caña

Buena Vista, que alberga a más de 100 familias, fue la primera comunidad tacana que aceptó plantar caña en 2017, y 20 socios se dieron a la tarea que, en septiembre de 2021, ya les ha permitido una tercera zafra.

Ésta es una de las cuatro comunidades indígenas que está al sureste de los predios de la  estatal azucarera y una de las ocho comunidades tacanas donde Easba proyectó el cultivo, lo mismo que en 14 comunidades interculturales.

El monocultivo está casi en la mitad de las 20 comunidades del territorio –en nueve de ellas–, según datos del Consejo Indígena del Pueblo Tacana (Cipta).

En la zafra de este año, la comunidad cosechó 994 toneladas y, por esa cantidad, cada uno de los 20 socios recibió 8.500 bolivianos, monto que llega a cubrir sólo una parte de sus gastos anuales; para el resto, deben acudir a otras actividades.

La modalidad con la que participan los actores cañeros, establecida en el reglamento para la prestación de servicios agrícolas a productores de la caña de azúcar, es por contrato y alquiler de tierras. Es decir, las comunidades ceden  cierta cantidad de hectáreas y Easba  se encarga de desmontar, preparar el suelo, sembrar y cosechar.

El desmonte no es gratuito, implica una deuda de 4.000 dólares por hectárea desmontada. En el caso de Buena Vista, la deuda llegó a cerca de medio millón de dólares, es decir, a 3.452.160 bolivianos.

La modalidad fue cuestionada en distintos momentos y por diferentes actores cañeros, quienes sienten que la ganancia es mínima. La comunidad tacana Altamarani, que va por su tercera zafra, pidió el 30% de los ingresos, solicitud que fue denegada por Easba.

Además, no todos los tacanas que cultivaron se vieron beneficiados. Los pobladores de Carmen Tahua, de Ixiamas, a 83 kilómetros  de la planta de Easba (superior a los 60 kilómetros establecidos), aún no recibieron ganancias.

Carmen Tahua destinó 171 hectáreas, otrora pastizales naturales, a esta actividad. Al caminar entre los cañaverales, que están muy cerca de las casas, se nota que el diámetro de la caña no llega a los ideales nueve centímetros: apenas mide tres, en el mejor de los casos, y por ello Easba rechazó esta cosecha.

La comunidad firmó el convenio en octubre de 2020, pese a que no estaba considerada en las comunidades previstas por Easba, y esperaba cosechar en la zafra de 2021, iniciada en septiembre.

Debido a que en el convenio entre ambas partes, al que accedió La Brava, se establece que la empresa adquirirá la producción de la caña “siempre que cumpla los parámetros mínimos aceptados por la empresa”, aquélla no la cosechó.

La industria no brindó la asistencia técnica comprometida, reclama el representante de la Asociación de Cañeros de Carmen Tahua, David Delgadillo Chuqui, y por eso no se habría logrado el objetivo. Además, la semilla de la empresa no fue de buena calidad, añade.

Lo sembrado quedó, por tanto, como “caña parada” en terreno, es decir, sin cosechar. Según el convenio, esta situación debería ser cubierta por la empresa, pero hasta ahora no ocurrió.

La Brava consultó sobre éste y otros aspectos al actual gerente de Easba, Rony Alcaraz, pero la autoridad se abstuvo de dar información porque –argumentó– se requiere de una autorización del Ministerio de Producción.

La producción industrial de caña requiere de condiciones que los suelos del bosque alto no tienen, y por ello se necesita aplicar cal y otros químicos, explica el agrónomo Daniel Robinson. “Los suelos en este sector de San Buenaventura son de dos tipos diferentes. Cerca del río Beni se está produciendo mejor la caña, pero la mayor parte de la tierra donde querían producir es de suelo ondulado, como cerca de la carretera”, afirma .

Pese a esta situación –y a que los comunarios de Buena Vista están conscientes de todos los problemas que trae el cambio de uso de suelo para ampliar la frontera agrícola– tienen planeado sumar 800 hectáreas a la nueva agricultura para 2022. También están listos para plantar maíz y arroz de forma mecanizada y dotar a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).

Las presiones

Hasta marzo de 2020, Teresa Suárez Tayo y otras indígenas tacanas se adentraban al bosque desde muy temprano para recoger sululu, majo, flor de asaí y otros frutos. Además, confeccionaban artesanías que ofrecían a los turistas que llegaban hasta Tres Hermanos. Todo cambió desde la llegada de la pandemia del coronavirus, que paralizó el turismo, y por eso ella y el resto de las familias del lugar no vieron otra opción que ceder a lo que se resistieron por cinco años: que el cultivo de la caña de azúcar entre a su comunidad.

—Todos hemos dicho que vamos a trabajar en la caña, porque parece que hay ganancia —, dice Teresa, y su voz suena cansada.

Junto a otras mujeres tacanas, cocinó toda la noche para festejar el vigésimo segundo aniversario de la comunidad que ella, su esposo y cuñados fundaron. El festejo coincidió con los días del inicio del desmonte de 400 hectáreas para la caña, las que están en el área de aprovechamiento forestal, de donde los comunarios también obtienen parte de sus ganancias.

 Ruta al área de aprovechamiento forestal de Tres Hermanos.
Fopto:  Rocío Condori.

Con este cambio de uso de suelo, Tres Hermanos se suma a las ocho comunidades que ya están inmersas en el cultivo cañero.

Teresa y Federico Chipunavi, corregidor de Tres Hermanos, son los encargados de hacer seguimiento al desmonte que está a cargo de un empresario asiático, el que les compra las troncas que se aprovechaban como parte de los planes de manejo. A diferencia de las otras comunidades, ésta logró acordar 1.200 dólares por desmonte y no 4.000, como cobra Easba.

“Había mucha expectativa, inicialmente; iba a haber buenos resultados, de acuerdo con lo proyectado. Dijeron que al entrar el tema de la caña se abrirían caminos vecinales, y que habría desarrollo. Una vez que se implementó, fueron sólo promesas; no se cumplió ”, explica el presidente del Consejo Indígena del Pueblo Tacana (Cipta), Sergio Quenevo.

Los comunarios de Tres Hermanos, por ejemplo, cuentan que hace algunos años se les prometió la conexión de energía eléctrica, pero este servicio acaba de llegar gracias a la gestión de la comunidad y del Cipta ante el Gobierno Autónomo Municipal de San Buenaventura. Si no, no se hubiese logrado.

En 2016, todos los tacanas, explica Quenevo, objetaron que la empresa avance sobre las que consideraban sus tierras. Ante los cuestionamientos –recuerda– las autoridades gubernamentales de tierras anunciaron auditorías a las TCO para ver si estaban haciendo un buen manejo del bosque.

Las advertencias no se concretaron, pero es un discurso recurrente del gobierno del MAS. A finales de septiembre de este año, el diputado masista José Nogales planteó que el Gobierno realice una auditoría y revisión de las TCO.

“Somos la única comunidad que no está trabajando (con caña), pero por esas amenazas estamos ingresando con 300 hectáreas”, revela Eulogio Chipunavi, cuñado de Teresa Suárez y presidente de la Organización Territorial de Base (OTB), mientras descansa de su trabajo de extracción de madera, en el mismo suelo donde se plantará caña en 2022.

Los comunarios de Tres Hermanos rechazaron este cultivo porque no sólo vieron, sino que sufrieron las consecuencias de la deforestación en las comunidades que aceptaron las plantaciones.

Una mañana de 2017, los pescadores se sorprendieron al encontrar peces muertos en los arroyos Maige y Jiruma, donde los tacanas de Tres Hermanos y la vecina Altamarani pescaban para alimentarse. Además, el agua  llevaba manchas de color ocre, presuntamente de los lixiviados de la planta procesadora de Easba, lo que causó problemas digestivos e irritación de piel en los comunarios.

Los indígenas se quejaron, pero las autoridades estatales todavía no se hicieron presentes para comprobar aquella contaminación, pese a que el Cipta recolectó muestras, en convenio con la Universidad Mayor de San Andrés , cuyos resultados todavía no son públicos.

“Ya no tenemos pescado en el arroyo Maige. Antes mis hijos correteaban a los pescados, ahora ya no se ven”, lamenta Teresa.

Teresa Suárez,  en el arroyo Maige, de Tres Hermanos.
Foto: Rocío Condori.

El Maige luce solitario, en sus sedimentos se aprecian restos aceitosos. Es más, hace unas semanas –debido a que la bomba de agua de la comunidad se estropeó– Teresa Suárez y sus vecinas fueron a bañarse allí y sintieron el agua grasosa y ardor en el cuerpo.

Desde un inicio, los tacanas cuestionaron el hecho de que no se les haya consultado sobre la implementación de Easba. Hubo algunas reuniones de socialización, pero no se realizó la consulta previa, libre e informada, estipulada en las normativas nacional e internacional. Tampoco se les dio a conocer los estudios de evaluación de impactos ambientales.

El cultivo de la caña es la punta de lanza para penetrar en el territorio  del pueblo tacana, considera el representante de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas y Áreas Protegidas de Bolivia (Contioca), Alex Villca. “Quién sabe si más adelante vayan a poner otros monocultivos, como sorgo, soya y maíz. Hay una intencionalidad clara: despojar a las poblaciones indígenas con grandes proyectos”, afirma

Secreto de Estado

La cantidad total de hectáreas deforestadas para sembrar caña  en la TCO Tacana 1 es secreto de Estado, así respondió la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), entidad que autoriza los desmontes, ante la insistencia periodística. La  respuesta afirma que dicha información tiene “carácter reservado, secreto y confidencial”, por lo que no brindará el dato.

La confidencialidad no corresponde, opina Robinson, sobre todo porque está relacionada con una actividad financiada con dinero del Banco Central . Es un tema de transparencia, dice.

En 2019,  Easba solicitó un nuevo crédito al BCB, con el fin de sumar 8.912 ha para producir alcohol anhídrido; es decir, que se planea deforestar el doble de lo ya deforestado.

Para llegar a la Limoncito, Sandro  Marupa y su familia deben viajar cuatro horas en moto, atravesando el área de Easba, y luego caminar al menos otras cuatro horas, no sin antes pedir permiso a la empresa para entrar a su propio territorio. Esto, debido a que el ingenio se interpuso entre el área de influencia para el aprovechamiento y el consumo de la flor de asaí y majo.

“Cuando se estableció el ingenio, automáticamente nuestros espacios fueron desmontados; justo donde había los frutos y material para trabajar”, aclara el tacana.

Este largo recorrido demanda tiempo, el cual no se expresa en los precios de los productos artesanales. “Si hacemos números de lo que debe costar una artesanía, tomando en cuenta el valor cultural y el de la recolección en el bosque, ya no es rentable”, afirma.

Del bosque, además, las mujeres aprovechan las plantas medicinales. Elia Mamío, mamá de Marupa, cuenta que ella se curó y curó a otras personas del coronavirus con hierbas de monte, como matico rojo y romero, y que por eso le interesa que la ampliación del cultivo de caña no afecte el monte. Es posible que la cura contra la Covid-19 no sea como se describe, pero lo cierto es que en un territorio donde no llega el sistema de salud, los conocimientos ancestrales son indispensables para sostener la vida.

*Este reportaje fue realizado gracias al apoyo del Amazon Rainforest Journalism Fund, en alianza con el Pulitzer Center.

El aire no se siente puro. Antes de que llegue la empresa  nadie chaqueaba  de esa manera, con máquinas, desmontando bosques

Julio Duval, Buena Vista

Como tacanas somos afectados porque nos alimentamos de  carne del monte, es un problema que se deforeste más cada año

Mariane Quenevo, Cimta
 

4.573 hectáreas
de bosque se desmontaron
desde el inicio de la
construcción de Easba.

 

Hay una intencionalidad clara: despojar a las poblaciones indígenas de sus territorios con promesas de grandes proyectos

Alex Villca, Contioca

Dijeron que al entrar el tema de la caña se abrirían caminos vecinales  y que habría desarrollo. Fueron sólo promesas; no se cumplió  

Sergio Quenevo, Cipta

AVISO IMPORTANTE: Cualquier comunicación que tenga Página Siete con sus lectores será iniciada de un correo oficial de @paginasiete.bo; otro tipo de mensajes con distintos correos pueden ser fraudulentos.
En caso de recibir estos mensajes dudosos, se sugiere no hacer click en ningún enlace sin verificar su origen. 
Para más información puede contactarnos