69,4% de encarcelados preventivos están por violencia y abuso a niños y mujeres

Hace ocho días, una adolescente de 14 años denunció a un efectivo policial por violación y pornografía. El acusado fue aprehendido y la Justicia lo envió con detención preventiva al penal de San Pedro por seis meses, mientras dure la investigación.

Como este hecho, casi a diario se registran denuncias en todo el país por violación y estupro contra niños y adolescentes, infanticidio, tentativa de feminicidio y feminicidio. Según datos del Gobierno, de los 16.705 detenidos preventivamente en las cárceles de Bolivia, 11.609 (69,4%) están por esos delitos.

Ante esa situación, activistas piden acelerar sus juicios para evitar que salgan de prisión y vuelvan a cometer esos delitos.

“En el país tenemos 25.940 privados de libertad a abril de 2023, 16.705 (64,4%) están con detención preventiva y 9.235 (35,6%) tienen sentencia”, aseguró el ministro de Justicia, Iván Lima, en la interpelación que le hizo hace una semana la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Detalló que de los 16.705 detenidos preventivamente, 11.609 son acusados por cometer delitos contra la integridad de niños, niñas y adolescentes y contra las mujeres. Es decir que 3.988 -la mayoría- son acusados por violación de niño niña y adolescente; 2.240 por violación; 2.115 por abuso sexual; 620 por feminicidio; 620 por feminicidio; 441 por estupro; 310 por tentativa de feminicidio, y 163 por infanticidio, entre otros. El resto tiene que ver con otros delitos, como robo, estafa, homicidio y otros.

Para la abogada penalista especialista en delitos sexuales y fundadora y directora de la Red Ciudadana en Defensa de los Niños, Jessica Echeverría, el hecho de que exista esa cantidad de acusados por violencia de familia con detención preventiva “significa que los jueces minimizaron esos delitos y por eso no se agilizan los procesos para contar con una sentencia”. “Lo peor es que los delitos son graves”, dijo.

La jurista resaltó que lastimosamente Bolivia tiene una justicia corrupta, muy burocrática y que carece de profesionales especializados” para darle celeridad a cada uno de los casos.

Con una postura similar, la representante de la Fundación Mujeres de Fuego, Nidia Coca, dijo que esto provoca que los abogados defensores de estos acusados se valgan de artimañas para salir de prisión e intentar tomar represalias contra sus víctimas o buscar a otras personas para cometer los mismos o peores delitos.

Coca aseguró que hay casos en los que los agresores pasan hasta tres años en prisión sin juicio y con todos los elementos para ser juzgados.

Echeverría indicó que ese es el caso de feminicidio que se registró contra la locutora Diana P. en febrero de 2022 y en la actualidad, 16 meses después, no se señala la audiencia de juicio, pese a que el Ministerio Público presentó la acusación ante el tribunal en octubre de ese mismo año.

Ante esa situación, ambas activistas aseguran que es importante que la Justicia actúe de forma acelerada para que los acusados “cuenten con una sentencia”.

Las activistas explicaron que existen muchas deficiencias en los juzgados y en muchos casos estos problemas son recurrentes.

“Los juzgados no cuentan con secretarios y auxiliares, por eso en algunos casos incluso deben compartir tres juzgados a un secretario”, indicó Echeverría y añadió que eso se agudiza en las poblaciones del área rural.

Tampoco -de acuerdo con la jurista- cuentan con personal para realizar las notificaciones. Indicó que además no se cuenta con custodios que se puedan encargar del resguardo a los acusados.

Para Coca, la burocracia es el cuello de botella que marca estos casos, lo que ocasiona la ralentización de las investigaciones e incluso la pérdida de pruebas.

Echeverría indicó que se demora mucho en algunas investigaciones, por ejemplo, en el caso de abusos sexuales, como en cada departamento, hay tres psicólogos, si se solicita estas pericias en enero, la consulta se realiza en noviembre.

Las profesionales indicaron que pese a que la Ley 348 debería tener como principio la informalidad para coadyuvar en la celeridad de los casos, en los hechos no ocurre nada de ello.

Para el ministro de Justicia, Iván Lima, urge que la Asamblea Legislativa apruebe la modificación de la Ley 348 y la norma que autoriza el uso de las tobilleras electrónicas. En tanto, las activistas indicaron que se deben mejorar los juzgados para acelerar los procesos y las sentencias.