Bolivia tiene 22 normas contra la trata pero se cumplen a medias

Expertos indicaron que en varias de las leyes hay desde problemas en instituciones del Estado hasta vacíos legales.

Sociedad
Redacción Diario Página Siete
Por 
La Paz - jueves, 20 de febrero de 2020 - 0:04

Wara Arteaga / La Paz

 Entre leyes, decretos, tratados, convenios y acuerdos  Bolivia  cuenta con  22 normas  para  luchar contra la trata y tráfico de personas y   dar protección  y asistencia a las víctimas de este delito. Sin embargo,  según especialistas, activistas y un estudio,  las  normativas se cumplen a medias  y aún no son  efectivas.     
 
Entre las normativas nacionales    que amparan a las víctimas de trata  están  la Ley 263 Contra la Trata y Tráfico de Personas, el Decreto Supremo 1486 , la Ley 913 de Lucha  Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas,  el Decreto Supremo 3249 del  Observatorio  de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas.  A la lista se incluye también la Constitución Política del Estado (CPE). 

Ariel Ramírez, subdirector de la Fundación Munasim Kullakita,  institución que trabaja con víctimas de trata y tráfico,  indicó que la Ley 263 se aplica, pero  se ve aún  problemas en la conformación de consejos departamentales. 

“Dice la norma que los consejos deberían ser los entes que efectúen un plan de acción  a nivel departamental,  ya sea de prevención, atención y demás. Por ejemplo,  La Paz aún no tiene un plan socializado”, sostuvo.  

Según Ramírez,  La Paz y Pando son los dos departamentos que no tienen planes  consolidados.   Santa Cruz, Oruro y Cochabamba son las regiones que más avanzaron  en este tema.  

  Ramírez comentó que  desde  Munasim Kullakita  trabajaron  en un anteproyecto de la Ley  263 e identificaron   varios vacíos en dicha normativa. 

“Existen varios vacíos -por ejemplo-  la Ley 263 habla  sobre el  tráfico interno,  cuando sabemos que no existe  esa tipología. Después se reconoce al turismo sexual como delito, pero en el Código Penal no existe esa figura. En el caso del tema de reparación de daños, no está claro si son los agresores quienes deben hacer  eso o cómo se realizará: será  en dinero o servicios psicológicos. Es ambigua”, dijo.

En el ámbito   internacional, Bolivia elaboró en conjunto con otras naciones   17 normas,  entre protocolos y convenios. Las mismas se deben aplicar a través de acciones coordinadas.

  “La Ley 263 trata de recoger estos compromisos internacionales y así hacer frente a esos delitos. El problema está en que la norma debe ser revisada porque hay  confusión, no hay claridad en cuanto a los delitos. Además -como país-  dimos un paso más allá con  los delitos conexos. Creamos  un contexto normativo que ha resultado ser confuso y necesita una revisión desde lo conceptual hasta lo operativo”, dijo  Nancy Alé Olguín, coordinadora del programa Tejiendo Redes Seguras  - Protejeres de Educo. 

Ramírez dijo  que en el ámbito internacional hay  acuerdos con Perú y Argentina, además estos convenios se  cumplen cuando se registran datos de personas desaparecidas. “Con Brasil no se tiene y lo mismo  pasa con Paraguay. Los convenios se activan cuando hay temas de investigación, si  es que hay delitos que involucran  a los dos países. Lo que no se hace  son acciones preventivas”, explicó.

 Ley 263 contra la trata y tráfico

El objetivo de esta norma es combatir  la trata y tráfico de personas y delitos conexos, además de garantizar los derechos fundamentales de las víctimas  a través de  medidas de  prevención, protección, atención, persecución y sanción  penal de estos delitos.

Decreto Supremo 1486, reglamento 

Para la efectividad de la Ley 263 se plantea su reglamentación mediante este decreto supremo. Acá se establece la estructura del consejo de trata y tráfico, compuesto por ministros, mecanismos de prevención en distintas áreas: control y  repatriación.

Ley 913  sustancias controladas 

Mediante un Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana se establece el análisis de  temas de criminalidad  transnacional y delitos en todas sus manifestaciones en territorio boliviano. Así se podrá  implementar políticas en temas de seguridad estatal.

Protocolo para prevenir la trata

Esta  norma completa  a la convención de  las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada. El objetivo es prevenir la trata, proteger  a víctimas y promover la cooperación entre los Estados partes de las Naciones Unidas. Aborda medidas fronterizas.

Protocolo contra  tráfico migrantes

 También complementa a la convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia Organizada. Éste aborda normas para combatir el tráfico ilícito de migrantes y así evitar la vulneración de sus derechos. Norma a las vías de tráfico por mar, aire y tierra.

 Pacto de San José sobre DDHH 

Con esta norma se garantizan los derechos fundamentales de las personas: derecho a la vida e integridad personal. Se condena además  la esclavitud y la servidumbre. Se contempla como excepción a  los servicios comunitarios y servicio militar.

 La OIT sobre el trabajo infantil

En una  conferencia se pide adoptar medidas inmediatas para la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo  infantil, considerando niños a todo aquel menor de 18 años. 
Las peores formas de trabajo serán consideradas por los países  miembros.

 Convención sobre tráfico de menores 

La convención interamericana sobre el tráfico internacional de menores destaca la importancia de  la cooperación internacional para lograr una eficaz protección a los menores de edad. Observa el traslado o retención de un menor con fines ilícitos.

 Estatuto de Roma Corte Internacional

Llama a tomar medidas contra crímenes como  genocidios y  crímenes de lesa humanidad. En éstos se contempla el asesinato, exterminio, esclavitud, traslado forzoso, tortura y  desaparición forzosa. Establece,  además, un sistema para abordar dichos casos.

La OIT sobre el trabajo forzoso

Se refiere  a los casos en los que una persona exige trabajo a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y  para la que dicho individuo no se presenta de manera voluntaria. Bolivia adoptó el convenio en 1930 y lo ratificó en la Ley 3031 de 2009.

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