Caso Montero: tres años depués, ni siquiera comenzó el juicio oral

A tres años de los enfrentamientos en el barrio Cofadena de la ciudad de Montero, que derivaron en la muerte de dos personas y varios heridos, el juicio oral contra una decena de acusados aún no comienza. La diputada Deisy Choque dice que fue involucrada como “ofrenda” para satisfacer a la oposición y el acusado Facundo Molares cambió su residencia a otro país, mientras que la familia de una de las víctimas considera que la investigación no identificó al verdadero autor.

Mario Salvatierra Herrera, de 54 años, y Marcelo Terrazas Seleme, de 48, murieron el 30 de octubre de 2019. El primero era mototaxista y el segundo docente universitario; cayeron por separado, cada uno alcanzado por un disparo de arma de fuego, durante un enfrentamiento con grupos del MAS que defendían a Evo Morales y rechazaban las protestas contra el fraude.

Morales había resultado electo presidente el 20 de octubre, pero diversas organizaciones de la sociedad civil denunciaron que fue con fraude. A raíz de ello, el Comité Cívico pro Santa Cruz, con Luis Fernando Camacho a la cabeza, llamó a un paro cívico y el 30 de octubre sucedieron los enfrentamientos en esa región.

Fue el inicio de una ola de violentos enfrentamientos en el país que al final derivaron en la renuncia de Morales y la asunción de Jeanine Áñez como presidenta, quien este año fue condenada por el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz a 10 años de prisión acusada de incumplimiento de deberes y de tomar resoluciones contrarias a la Constitución. Además, aún es procesada por genocidio por las masacres de Senkata y Sacaba.

En el caso de Montero, el Ministerio Público emitió la acusación contra 10 personas en septiembre de 2020, entre ellas el exmilitante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Facundo Molares Schoenfeld, el asesor del MAS Martín Serna Ponce y la diputada y dirigente campesina Deisy Choque Arnez. El primero está fuera del país y el segundo tiene paradero desconocido.

Los delitos atribuidos al conjunto de los acusados son homicidio, asociación delictiva, fabricación ilícita de explosivos e instigación pública a delinquir.

A pesar de que han pasado dos años desde la acusación formal y tres desde que ocurrieron los hechos, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero no ha realizado ni una audiencia del juicio oral. El inicio estaba previsto para el pasado 27 de septiembre, pero fue suspendido.

“Estoy dando la cara como procesada en este caso. Hemos tenido cuatro audiencias suspendidas por distintas razones: uno de los jueces estaba mal de salud; la siguiente vez los jueces del Tribunal de Sentencia no pudieron llegar por un bloqueo en la carretera; en la tercera, otro de los jueces no estuvo presente. Para nosotros es un perjuicio hacer esfuerzos para estar y que se tenga que suspender”, explica la diputada Choque (MAS).

Cree que el juicio oral permitirá a los jueces ver que no existen pruebas que la incriminen en este caso, más allá de los dos testigos que relatan haberla visto azuzando a la gente al enfrentamiento y, en otro momento, cerca de uno de los fallecidos ese 30 de octubre de 2019.

La acusación detalla que, en el allanamiento de su domicilio, al día siguiente de los hechos, se encontró un uniforme camuflado como indicio: blusa, pantalón, parca, correa de color verde y un kepi, rodilleras y coderas de color kaki, una wiphala y 12 petardos. Ella explica: “En mi casa encontraron unas bandoleras que tengo para ir al campo, de esas que se vende en la ropa usada, y el uniforme de premilitar de mi hijo”.

Todos por igual

Si bien la acusación de la Fiscalía, de septiembre de 2020, no hace diferencia entre autoría material e intelectual, identifica a los acusados Alberto Fuentes Urquiza, Johan Nina, David Peñaloza e Iván Cala como las personas a las que se aplicó la técnica del hisopado de manos que “revela presencia de residuos de fulminante como residuos de disparo de arma de fuego”. Para cada uno de los acusados se afirma que “sería uno de los autores del homicidio de Mario Salvatierra Herrera y Marcelo Terrazas Seleme”.

La Fiscalía no es explícita en las causas de la muerte de las víctimas, pero de los testimonios se deduce que cada uno murió por el impacto de los disparos que recibieron ese día.

En los allanamientos y detenciones posteriores a las muertes no se encontraron armas, sino fuegos artificiales y, en un caso, precarios explosivos caseros.

En el caso de Wilson Rodríguez, quien fue identificado como la persona que aparece en imágenes públicas en el Puente de la Amistad, con una chaqueta camuflada, las pruebas detectaron en sus manos “micropartículas de pólvora deflagrada”.

Choque Arnez asegura que no existen pruebas en contra de los acusados, y que la acusación se emitió en septiembre de 2020 con la intención de entorpecer su candidatura.

“En el proceso hay cuatro testigos, uno de ellos dice haberme visto a las 6:30 de la tarde junto a uno de los fallecidos... El otro declara que me vio a las 10 de la noche en el mismo lugar con el muerto. Ni siquiera se pusieron de acuerdo para acusarme”, comenta, para luego aclarar que los testigos están vinculados al exalcalde del MAS y al Comité Cívico, que son sus adversarios en la política.

La diputada y dirigente campesina afirma además que el fallecido Marcelo Terrazas, que se supo era militante del MNR y miembro del Comité Cívico, manejaba su equipo de comunicación en tiempos de campaña electoral. Mauricio Terrazas hijo explica que eso es imposible porque su familia siempre fue “de derecha y anticomunistas”.

“Espero que el tiempo nos dé la razón y podamos demostrar que hemos sido perseguidos, amedrentados y amenazados, no sólo por la oposición, sino por el entonces Ministro de Gobierno (Carlos Romero), que ha iniciado el atropello allanando mi domicilio sin una orden... Intentaron usarme como escudo para aplacar las movilizaciones que había el 2019, quiso entregarme a la oposición como ofrenda para evitar más movilizaciones”, comenta Choque.

Mauricio Terrazas afirma que “no se han hecho las investigaciones necesarias, no han llegado a descifrar quién fue el verdadero autor, han sido varios los que estaban disparando esa noche”. En su informe, el GIEI también afirma que hubo un número no determinado de personas impactadas por proyectiles de armas de fuego, varios hospitalizados e intervenidos, pero la Policía no tomó declaraciones a los heridos ni hizo peritaje a los proyectiles que recibió de los médicos. “No se hicieron pruebas periciales para determinar la trayectoria de los disparos”, dice el informe sobre las dos víctimas fatales.

“Ellos (los acusados) quieren volcarla (la acusación), decir que ellos no fueron, más bien (orientar la mirada a ver) qué hacíamos nosotros allá. Lastimosamente, con este gobierno la justicia es manipulada y sometida, manejada a dedo. Sabemos muy bien que el MAS no va a detener o corretear a su gente, la gente del MAS que hizo estas atrocidades lo han hecho por pega y por cargo”, afirmó Terrazas.

El tribunal convocó para el 27 de octubre a una audiencia para resolver incidentes y el 28 para la instalación del juicio oral.

Facundo

La acusación relata de manera detallada y larga la situación de Facundo Molares y Martín Serna. Sobre el primero se dice que fue atendido en un domicilio particular con la ayuda de personal de salud del Hospital Municipal Alfonso Gumucio, debido a una herida por arma de fuego, sin haberlo reportado a la Policía, hasta que el 11 de noviembre fue llevado en una ambulancia desde ese nosocomio hasta la clínica Foianini en la capital cruceña.

“Era la persona que preparaba a los vecinos de Cofadena en el uso de armas de fuego y otros tácticos de guerrilla, el cual fue traído al país por Oscar Martín Serna Ponce, ‘miembro del MTRK’, específicamente para las elecciones del año 2019”, dice la acusación. Según el documento, 20 días después de los hechos en Montero, el Instituto de Investigaciones Forenses emitió el resultado de un examen de absorción atómica que reporta la “presencia de rastros de pólvora compatibles con la utilización de armas de fuego; vale decir que el señor Facundo Molares Schoenfeld manipuló armas de fuego en el Barrio Cofadena y el Puente de la Amistad”.

Molares no se encuentra en Bolivia desde fines de 2020, cuando retornó a su país, Argentina. Una vez que llegó allá, el gobierno colombiano pidió su extradición por su supuesta participación en el secuestro de un concejal de ese país en el año 2009 y estuvo encarcelado a la espera de la ejecución de la medida. Sus abogados argumentaron que el delito perseguido era de competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y en julio pasado se suspendió el pedido de extradición.

El pasado 1 de septiembre fue entrevistado por la prensa de izquierda en su país y relató que su llegada a Bolivia, en 2019, se debió a su rol de fotoperiodista del periódico digital Centenario.

“En medio de la cobertura se da una situación de mucha conflictividad social. Soy herido y encarcelado acusado de ser entrenador de milicias, de cuerpos armados del pueblo, lo cual no era cierto... En medio de las refriegas entre los dos bandos en conflicto, llámese el bando que apoyó el golpe de Estado, fundamentalmente en esa zona de Santa Cruz de la Sierra, y el sector que apoyaba a Evo Morales, fui herido de bala, no de goma, ojalá hubiera sido de goma, de bala de plomo. Tuve tres heridas de bala, caí en terapia intensiva, estuve en coma casi un mes y cuando desperté del coma estaba detenido. A los tres días que salí del coma me destinaron a un recinto penitenciario”, dijo en una entrevista a Barricada TV.

No dijo, ni le preguntaron, en qué condiciones legales salió posteriormente de Bolivia.

Marcelo Terrazas explica que Molares sigue siendo citado a cada audiencia que se suspende, como si aún viviera en Bolivia.

El Ministerio Público también acusó a Oscar Martín Serna Ponce, pero el Tribunal le pidió enmendar el error debido a que existe un auto de vista que dispone la nulidad de la acusación para el susodicho. La diputada Choque comentó que “al parecer” Serna fue sobreseído.

Los testimonios de Alpacino Mojica, que estuvo detenido en Palmasola por tres meses, refieren que Serna Ponce fue su asesor de campaña electoral. La acusación no menciona la participación de ninguno de los dos en los hechos del 30 de octubre.