La Defensoría pide asignar recursos para la aplicación de la normativa

Critican falta de presupuesto para ejecutar leyes contra trata

Desde 2012, se aprobaron al menos seis normas contra la trata y tráfico de personas, pero en ocho años los casos se multiplicaron en más de 10 veces.

Sociedad
Redacción Diario Página Siete
Por 
La Paz - martes, 23 de septiembre de 2014 - 23:28

Sergio Mendoza  / La Paz
La Defensoría del Pueblo cuestionó que en la lucha contra la trata y tráfico de personas ninguna de las normas aprobadas en el país establezca la asignación de un presupuesto para su implementación.  
"El problema  es que hay un avance en la normativa, pero no necesariamente  garantiza la protección de los derechos de las víctimas cuando estas leyes no tienen presupuesto. Es fundamental para que se implementen”, dijo la delegada adjunta de Programas y Actuaciones Especiales, Griselda Sillerico.
  En el Día Internacional de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, celebrado ayer, Sillerico remarcó que en julio de 2012 se promulgó la Ley 263, en diciembre de 2013 su reglamento y en enero de este año la política plurinacional de lucha contra estos delitos.
Además, en 2012 el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia aprobaron tres protocolos de atención a las víctimas y se prevé que antes de que termine el año se aprobará el Plan Nacional contra la Trata y Tráfico de Personas.
Esta falta de recursos, según la representante de la Defensoría, se traduce en el incremento de los casos de trata y tráfico, que se multiplicaron en  más de 10 entre 2005 y 2013. Es decir,  de 35  a 363 casos.
 
El aumento se explica por una población más informada que denuncia hechos que en el pasado se desconocían. Sin embargo, Sillerico dijo que se trata de un aumento real ligado a múltiples factores y quizás el más importante sea la pobreza de la mujer.
 El representante de la Defensoría en El Alto, José Luis Hidalgo, coincide con ese análisis: "En Argentina temen que víctimas de trata repatriadas a nuestro país regresen”.
Agregó que en lo que va del año la fuerza anticrimen de la urbe alteña recibió 79 casos de trata y tráfico, hay cinco detenidos y sólo una sentencia.
Hidalgo dijo que este año se descubrió una red de trata y tráfico en El Alto que tenía vínculos en  Brasil para la explotación laboral.
Vilma Sánchez,  investigadora de la FELCC,  afirmó que fueron cuatro las redes "desbaratadas” y explicó que la pobreza de las mujeres es la causa no sólo de que sean víctimas, sino autoras. "Este año atendimos dos casos de mujeres, del área rural, que vendieron a sus hijos porque no tenían con qué mantenerlos. Esto también es trata”, sostuvo.
El Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales explicó que las leyes aprobadas sí establecen  presupuesto. El artículo 13 de la Ley 263 establece que los recursos para la lucha contra estos delitos se obtendrán del Tesoro General del Estado, de organismos internacionales, de la confiscación de bienes provenientes de estos ilícitos y de las entidades territoriales autónomas.
 En  reglamento de dicha ley, también prevé el cobro de multas por infracciones.
 Ayer hubo marchas en La Paz, Cochabamba y Potosí por el día contra la trata y tráfico, que se recuerda cada 23 de septiembre.

Villena: Se penaliza la pobreza, no el delito

El defensor del Pueblo, Rolando Villena, sostuvo que la justicia, en muchos casos, privilegia a la "gente pudiente” e ignora a "la mayoría del pueblo” al momento de atender delitos como la trata y tráfico.   
"La justicia aún es discrecional. Hay justicia para gente que puede, que tiene contactos y tiene poder. Pero la mayoría de nuestro pueblo está lejos de eso. Todavía se está penalizando la pobreza, pero no el delito”, remarcó.
En conferencia de prensa, Villena hizo notar que todavía hay desinformación sobre la trata y tráfico, principalmente en el área rural.
"Los medios  generan impacto sobre los casos de gente pudiente, que tiene contactos, pero de los hechos de violencia que ocurren en los pueblos nadie se entera”, agregó.

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