Entre 2016 y 2017, archivos de la UMSS recabó “documentos académicos”

Identifican a 75 docentes sin título académico en UMSS de Cochabamba

Son catedráticos de las facultades de Medicina, Derecho, Tecnología y otras. No presentaron los requisitos que los avale para ejercer la docencia universitaria. Advierten que podrían ser procesados.

Sociedad
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Cochabamba - lunes, 30 de mayo de 2022 - 5:00

Como parte de un proceso para transparentar el ejercicio de la docencia en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), fueron identificados 75 catedráticos que no cumplen con los requisitos para ejercer la docencia. Estuvieron dando clases sin acreditar su título de bachiller, diploma académico, título en provisión nacional o posgrado en educación superior, documentos imprescindibles para ejercer cátedra universitaria.

Según documentación a la que accedió Página Siete, entre 2016 y 2017, durante la gestión del exrrector Juan Ríos del Prado, la sección de archivos de la UMSS fue delegada para recabar “documentos académicos, como el diploma de bachiller, diploma académico, título en provisión nacional, diplomas y título de formación posgradual”. Fue entonces que se verificó la existencia de 75 docentes que no presentaron la documentación requerida para ejercer la docencia.

Esa recolección se inició en diciembre de 2016 y concluyó en enero de 2017. Posteriormente, en los meses de mayo y julio se emitió una lista con los nombres y apellidos de los docentes “que no cumplieron con la entrega de sus documentos que avalen su profesión”, según un texto emitido por la sección de archivos y que está firmado por la jefa de unidad, María A.M.

Igualmente, en agosto de 2021, la dirección de planificación académica del Vicerrectorado emitió la circular N° 09/2021 dirigida a los decanos, directores académicos, directores universitarios y secretaría general en la que solicita a todos “los docentes de la UMSS que tienen pendiente la presentación de documentos que acrediten su formación académica, sobre todo aquellos que ingresaron a trabajar a partir de 2017”.

“Tengo la documentación de 75 docentes en la UMSS que están ejerciendo de manera ilegal. Aún no tengo sus respaldos. No han acreditado sus títulos o los requisitos como corresponde”, afirma el diputado Héctor Arce, del Movimiento Al Socialismo (MAS).

De estos 75 docentes observados, el único denunciado y procesado penalmente fue George Komadina, diputado por Comunidad Ciudadana y catedrático en la carrera de sociología de la UMSS, por el delito de ejercicio indebido de la profesión. Aunque hace algunos meses el caso fue desestimado en la Fiscalía.

El caso de los 75 docentes de la UMSS surge luego de que diputados del oficialismo y oposición propusieran investigar a las personas que hayan dado o dan cátedra en las universidades públicas sin cumplir con los requisitos. Se sugirió que esta investigación incluya incluso al expresidente de Bolivia Álvaro García Linera, quien fue docente en la Facultad de Ciencias Sociales en la carrera de ciencias políticas de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) antes de llegar al poder junto a Evo Morales. García Linera no tiene título profesional, pese a ello en su carnet figuraba como “licenciado”.

Rebeldía política

Respecto a la lista de los 75 docentes que no demostraron sus títulos, el secretario ejecutivo de la Federación Universitaria de Docentes, Marcelo Claros, asegura que conoce de algunos colegas que no cumplieron con los requisitos exigidos, pero desconoce cuántos son. Atribuye a una “rebeldía política” la omisión del instructivo.

“Me han pedido (documentación), hemos cumplido todos y hubo un rumor de que no todos lo hicieron, pero no sabría quiénes. No debe confundirse con que no tienen o no han presentado (los requisitos) porque muchos no han querido demostrar por una rebeldía política, pero no hay que asumir automáticamente que no tienen. Sí conozco de algunos que no presentaron, pero no sabría decir el número”, afirma Claros.

El abogado defensor de Komadina, Henry Pinto, se pregunta el porqué las autoridades de la UMSS no expusieron esa lista en su momento, ni iniciaron procesos disciplinarios o denuncias penales.

Advierte que Juan Ríos y el actual rector Julio César Medina se exponen a procesos penales por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica ante la inacción.

“Eso revela una inacción y omisión del exrrector (Juan Ríos) al no transparentar la institución e iniciar las acciones contra esos 75 docentes que no cumplieron con la presentación de los documentos. ¿Por qué se procesó sólo a uno y no a todos, que era lo correcto? Sería ilegal que ejerzan la docencia”, indica Pinto.

Ríos afirma que desconoce ese registro y que recientemente habría concluido la tabulación de los expedientes y que no se habría identificado a los docentes sin título.

“En honor a la verdad, me informan que recién un mes después de haber tabulado toda la documentación se la ha presentado a la autoridad. Yo no tenía conocimiento de la información (sobre la lista). Ese informe se ha enviado al rector, seguramente él no ha revisado todavía. Es que no hay ese registro de los 75 docentes que no cumplirían con los requisitos. Deben haber casos excepcionales, pero es por la naturaleza de las carreras, como música y educación física”, argumenta Ríos, aunque no presenta respaldos.

Pese a que el exrrector asegura desconocer dicha información, la sección de archivos envió la nota 55/017 el 9 de mayo de 2017 dirigida a su persona dando a conocer el reporte de relevamiento de datos adjuntando la nómina de “docentes que no presentaron documentación”.

El rector Medina, consultado sobre el tema, también indica no tener conocimiento de ese relevamiento ni la lista de aquellos que no cumplieron con los requisitos. “Debe estar en asesoría legal”, se limitó a responder.

El caso Komadina

En el proceso de transparentar el ejercicio de la docencia, Komadina fue uno de los 75 catedráticos que no presentaron los respaldos hasta enero de 2017.

Revisando “la base de datos de la gestión 2017 de actualización de documentación académica docente, según RCU 26/16 de fecha 21 de diciembre de 2016, no presentó documentación solicitada (George Komadina)”, se lee en una nota firmada por Suleyma T.C., responsable informática de la unidad de archivos de la UMSS en diciembre de 2021.

En archivos se evidenció que el diploma académico de licenciado en sociología le fue emitido en febrero de 2017 y su título profesional en marzo de ese mismo año, fuera de los plazos establecidos.

Pinto, el abogado defensor, explica que su cliente no ejerció ilegalmente la profesión debido a que fue invitado a trabajar como docente, requisito válido en el sistema universitario.

“El caso específico de Komadina era una situación excepcional, porque él entró como invitado especial con base en una normativa que sí permite, en casos excepcionales, invitar a ciertos docentes que tengan relevancia en la temática que van a dar clases. En la época que entró era de las primeras promociones de sociología y era un teórico muy destacado, no había sociólogos”, justifica el jurista.

Bajo este argumento, precisa, la Fiscalía habría desestimado la denuncia que fue presentada durante la gestión de Medina.

De acuerdo con el rector, la universidad solo coadyuvó en la investigación a raíz de la acusación realizada por un parlamentario, pero una nota enviada por asesoría legal de la UMSS pone en evidencia que la casa de estudios superiores fue la que inició la demanda, “dentro de las investigaciones que se sigue por el Ministerio Público a denuncia de la Universidad Mayor de San Simón contra George Komadina por la comisión del delito de ejercicio indebido de la profesión”, se lee en la nota N° 39/21 enviada a la Fiscalía Anticorrupción por asesoría legal de la universidad.

Para Komadina este proceso fue parte de una campaña de desprestigio porque cuando inició la demanda candidateaba como diputado por un partido opositor al oficialismo.

Este tema adquiere relevancia debido al último escándalo en el país a raíz de la existencia de miles de estudiantes “dinosaurios” en el sistema universitario público.

Este caso develó una serie de irregularidades en las universidades públicas que involucran a algunos docentes, estudiantes y administrativos.

“Se puede tipificar como ejercicio ilegal de la profesión si están ejerciendo la docencia sin cumplir con los requisitos y se podrían añadir otros delitos, pero se necesita tener documentación”, afirma el diputado masista Héctor Arce en referencia a los 75 docentes de la UMSS que no habrían acreditado su profesión.

Considera que de 2017 a la fecha estos catedráticos podrían haber actualizado sus documentos, pero existió un periodo –más de cinco años- en el que ejercieron sin sus papeles al día.

“Sé que la San Simón hizo el relevamiento de esa información en la gestión de Ríos, pero no se puso en práctica. Si no cumplen los requisitos, no pueden ser docentes y, lamentablemente, eso no se cumplió. Debieron presentar sus documentos en regla y si no lo hicieron están ejerciendo ilegalmente”, dijo Arce.

Para el exrrector Juan Ríos del Prado, entre los obstáculos que supuestamente atravesaron los catedráticos para cumplir con los requisitos es que algunos realizaron especializaciones y diplomados en el exterior, por ello demoró en llegar sus papeles. Otro factor es que hace más de una década no era indispensable el posgrado en educación superior para dar clases a los universitarios, pero actualmente es un requisito obligatorio.

“Es muy probable que los 75 docentes, no digo que sea así, no tengan este requisito del diploma”, afirma Ríos.

El jurista Henry Pinto señala que cualquier instructivo o circular emitido por la UMSS es de cumplimiento obligatorio, de no ser cumplido, son pasibles a sanciones.

“Si hasta una fecha no presentabas, no te pagaban el sueldo del mes siguiente. Cómo habrán hecho (los docentes observados), no se sabe si habrán sido sancionados”, cuestiona Pinto.

Arce asegura que muchos docentes “ingresaron a San Simón por la ventana” sin cumplir los requisitos, por lo que no descarta que pueda existir la compra y venta de títulos de aquellos que no cumplieron a tiempo bajo el argumento de que se especializaron en el exterior.

El parlamentario oficialista solicitó información a las 11 universidades del sistema público para conocer la situación legal de todos los docentes. Calcula que en el transcurso de 15 a 20 días contará con toda la documentación y los descargos.

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