Los especialistas explicaron que el proceso debería ser administrativo

Juristas ven abuso de poder en procesos contra Rojas y Llano

Abogados aseguran que la Contraloría debería investigar el caso y si encuentra responsabilidades recién notificar a los acusados. El ámbito penal es el último recurso.

Sociedad
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La Paz - martes, 16 de agosto de 2022 - 5:00

Dos abogados ven abuso de poder en el proceso contra los periodistas Andrés Rojas y Pablo Llano. La Fiscalía anunció la anterior semana que el caso es por daño económico al Estado y anunció que pedirá 10 años de detención preventiva para los comunicadores.

“Es una burla. Es un abuso de poder lo que hacen en este caso”, dijo a Página Siete el abogado Roberto Crespo Eid, especialista en derecho administrativo y constitucional.

La anterior semana, el fiscal Junior Flores dijo que Rojas, Llano y otros cuatro exfuncionarios que trabajaron en el canal estatal en la gestión de la entonces presidenta Jeanine Añez son procesados por contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

La denuncia radica en que Rojas -cuando era gerente general del canal estatal (Bolivia Tv)- contrató a Llano y él no presentó un título profesional; además le incrementó el sueldo de poco más de 6.000 a 12.000 bolivianos.

Respecto a este caso, el abogado Marcelo Inchauste se preguntó: “¿El señor Llano qué daño ha ocasionado al Estado? Él no hizo ningún daño porque él fue contratado para ejercer un trabajo y eso hizo”.

En todo caso, según el jurista, esa situación la “determina la Contraloría General del Estado porque es quien debe indicar si hubo o no daño al Estado”.

Inchauste dijo que en el caso del señor Rojas, él fue quien contrató a Llano como Máxima Autoridad Estatal (MAE) y no es el único que debe ser investigado. “Además para contratarlo debió ver ciertas aptitudes en el profesional”, dijo.

Crespo considera que el caso es manejado “políticamente”, porque el señor Llano luego de ser contratado fue visto por todo el país, porque salía en las pantallas de Televisión Boliviana. “Lo que significa que estaba desempeñando funciones”, dijo e indicó que en ese marco la Constitución Política del Estado (CPE) garantiza que “todo trabajo sea remunerado”.

“No podemos hablar de que Llano haya tenido que someterse a un trabajo gratuito” durante todo ese tiempo, dijo Crespo.

Contratos por especialidad

Crespo explicó que el contrato que tuvo Llano fue “especial” porque él tiene una carrera y un currículo como presentador y otras aptitudes.

“Tiene aptitudes profesionales y técnicas para dirigir su programa; eso está normado en el ámbito civil porque se trata de contratos por especialidad”, explicó el jurista.

El abogado dijo que -por esa razón- se trata de un caso administrativo porque Bolivia Tv debe cumplir normas administrativas.

Según el jurista, los funcionarios públicos tienen la obligación de cumplir “sus funciones”, que forman parte de un reglamento, lo que significa que están sometidos a una norma y si salen de ella deben recibir una sanción administrativa, pero no se puede hacer -de entrada- un proceso penal.

Inchauste dijo que por eso lo correcto sería que la Contraloría General del Estado de Bolivia realice un informe del caso. “Cuando es manipulado de esa manera, se (ve que) están forzando los procesos y eso no es correcto porque todos tenemos el derecho constitucional a un debido proceso y a ser escuchados ante una autoridad compentente”, explicó.

Ambos juristas coincidieron y reiteraron que el caso se debería llevar como proceso administrativo. “No es el Ministerio Público el que determina la responsabilidad penal, sino el dictamen emitido por la Contraloría”, dijo.

Crespo indicó -además- que en estos casos, el proceso penal es la última instancia a la que se debería llegar.

Este medio intentó ayer comunicarse con los periodistas Rojas y Llano, pero ninguno respondió a las solicitudes.


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